El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió
ayer a los tres jueces de la Audiencia Nacional que ordenaron la
excarcelación del presunto narcotraficante Carlos Ruiz «El Negro»
mientras se resuelve la querella presentada por la Fiscalía contra
ellos por un presunto delito de prevaricación. Según explicó el
portavoz del CGPJ, Enrique López, la decisión fue respaldada por
doce vocales, frente al criterio de otros nueve, quienes mostraron
su discrepancia a través de un voto particular al acuerdo. Se trata
de la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces suspende
en sus funciones a todos los miembros de un tribunal.
López señaló que el debate que se produjo en el seno del Consejo
ha sido «tranquilo y ordenado en la articulación de argumentos
fundamentalmente jurídicos». En concreto, explicó que la decisión
de suspender a los tres jueces se basa, como proponía el fiscal, en
la aplicación del artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que señala que se procederá a la suspensión de un juez
«cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos
por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Respecto a
la duración de esta suspensión, el portavoz, que pertenece al
sector mayoritario, señaló que «es un suspensión que se adopta por
la admisión a trámite de la querella y por eso está condicionada al
resultado que se produzca, que puede ser una posible condena, la
absolución o el sobreseimiento».
Frente a este criterio los nueve vocales que votaron en contra
estiman que la suspensión cautelar de un juez no se debe ejecutar
hasta que no le haya procesado y así lo harán público a través de
un voto particular que acompañará al acuerdo y que será suscrito
por la mayoría. José Antonio Alonso, uno de los vocales
discrepantes, señaló que «no se discute la suspensión de los
jueces, pero sí el momento, ya que habría que haber esperado a que
hubiera una imputación formal» del Supremo y «por tanto, tras una
valoración de la prueba». Coincidió con el portavoz en que los
argumentos han sido jurídicos, aunque estimó que tras el análisis
de antecedentes había decisiones de ambos tipos y la opción de
esperar al procesamiento es «más respetuosa con las garantías
procesales».
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