EfeMadrid26/02/02 0:00
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se dicte auto de procesamiento contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz «El Negro», por un delito de «prevaricación dolosa o alternativamente por prevaricación culposa». Tras esta solicitud, el juez instructor del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, dictó ayer una providencia en la que pide a las partes personadas en el caso que opinen sobre la propuesta del Ministerio Público. Según el fiscal, los jueces Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero deben ser procesados por prevaricación, es decir, haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era, ya sea culposa -que prevé una pena de inhabilitación especial de entre 10 y 20 años- o por imprudencia o ignorancia -que puede ser penada entre 2 y 6 años-.

Fuentes fiscales explicaron que esta solicitud fue realizada el pasado viernes, día en el que acordó la prisión del psiquiatra Àngel Hebrero, y que en la misma el Ministerio Público reitera los argumentos que expuso en el escrito de la querella que presentó contra ellos el 10 de enero, que dio a origen a esta investigación. Además, en la providencia, el juez instructor otorga un plazo de cinco días al fiscal, a los abogados de las defensas y de las acusaciones para que propongan, si lo desean, la práctica de nuevas pruebas. Las mismas fuentes señalaron que el fiscal podría también solicitar el procesamiento del psiquiatra de la prisión de Valdemoro por los delitos de cohecho y falsedad.

El juez ordenó el pasado viernes la prisión eludible con el pago de una fianza de 50.000 euros (8.319.300 pesetas) de Hebrero, que hizo efectiva al día siguiente, por lo que abandonó la prisión de Alcalá-Meco en la había permanecido durante la noche. Según el auto de procesamiento, el juez acordó esta medida ante «la actitud de completa obstrucción de la investigación» realizada por el psiquiatra, que «no solamente ha facilitado datos engañosos, cambiando continuamente sus declaraciones con rectificaciones continuas, sino obstaculizando el registro, intentando hacer desaparecer los elementos probatorios que se hallaban (intentó arrojar por el servicio determinadas pruebas)».

Además, el juez del Supremo recordó que «la investigación no ha concluido aún, restando todavía elementos necesarios para ser investigados, que pudieran comprometerse por la actitud del imputado».