El Juzgado de sa Gerreria alberga la Fiscalía de Menores.

El Juzgado de sa Gerreria alberga la Fiscalía de Menores.

J.F.MESTRE15/03/02 0:00
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La Fiscalía de Menores ha instruido en un solo año unas mil infracciones cometidas por adolescentes en Mallorca. Éste es el resultado del primer año de aplicación de la nueva Ley del Menor, que como gran novedad suponía que la ley penal aumentaba de los 16 a los 21 años de edad. Esta nueva norma otorgó al fiscal un papel que hasta la fecha no realizaba. Hasta su puesta en vigor en los casos penales, el fiscal se encargaba de acusar cuando consideraba que había delito. Sin embargo, ahora su función es mucho más complicada y se convierte en instructor. El fiscal toma declaración al menor, se encarga de buscar las pruebas que entiende necesarias y una vez instruido el caso, lo pasa al juez de menores, que es quien dicta sentencia.

La nueva ley ya no contempla penas de prisión, sino que su filosofía es la de lograr la rehabilitación del delincuente precoz. Las sanciones se limitan a ingresos en centros especializados, sanciones económicas y trabajos para la comunidad. La Fiscalía de Menores cuenta en estos momentos con una plantilla de seis fiscales, que han tenido que intervenir en unas mil denuncias contra menores. Ello no supone que en Mallorca existan mil delincuentes menores, sino que en la mayoría de casos se trata de adolescentes que reinciden en los delitos. Sin embargo, no ha sido ésta su única labor.

Al aumentarse la ley penal, la Fiscalía recibió todos los asuntos que se estaban tramitando en los Juzgados de Instrucción de Palma que afectaban a jóvenes menores de 21 años. Estos casos se han instruido de nuevo, y se han presentado ante el juez para su sanción. Otro de los problemas a los que se ha enfrentado la Fiscalía de Menores en este último año ha sido la revisión de unos 800 casos que afectaban a menores que habían sido sancionados con el Código Penal.

La Fiscalía, una vez que se sanciona al menor, tiene la obligación de acudir a los juzgados civiles para conseguir que las víctimas sean indemnizadas si han sufridos daños económicos. Ello ha supuesto que en un solo año los fiscales hayan presentado cientos de demandas por la vía civil, exigiendo que los menores paguen los daños y, si no pueden, que sean sus padres. Aunque a nivel técnico las demandas no son complicadas, los fiscales están obligados a acudir a los juicios, lo que multiplica su trabajo.