La acusada, María del Carmen L.R., funcionaria de la Dirección
Provincial de la Seguridad Social, que trabajaba en la unidad de
recaudación ejecutiva, escuchó sentada junto a su abogada como la
portavoz del jurado leía ayer tarde el veredicto, y la declaraba
culpable.
El resultado del jurado, al que se ha llegado tras un día y
medio de deliberación, no se ha obtenido de manera unánime, sino
sólo por siete votos a favor de los nueve posibles. El jurado cree
probado que la funcionaria, en diferentes ocasiones y aprovechando
que se encargaba de los cobros de las cuotas en vía de apremio, se
quedó parte del dinero para ella. No fue un sólo desfalco, sino que
esta operación se fue repitiendo en varias ocasiones, de tal forma
que la funcionaria llegó a apoderarse de casi medio millón de
pesetas, que ahora tendrá que devolver si se confirma la sentencia
que dictará en breve el juez Joan Catany.
El jurado ha declarado probado que la mujer fue quedándose con
dinero que le pagaban los contribuyentes, pero se ha demostrado que
en varias ocasiones o bien las cantidades recibidas no coincidían
con las anotadas en el ordenador, o que incluso no llegaba a
anotarse los cobros en el sistema informático. Una de las
situaciones que más les ha llamado la atención al jurado es que la
funcionaria llegó a cobrar a una contribuyente en un bar e incluso
le dijo que siempre que tuviera que entregar una cantidad se la
diera a ella, y no a otra trabajadora. En otras casos la mujer no
entregaba a los ciudadanos justificantes de los pagos, alegando que
el sistema informático estaba estropeado. En ocasiones también
entregaba facturas, firmadas por ella misma, y se ha comprobado que
las cantidades no fueron anotadas en el sistema informático. Hubo
casos incluso en los que los contribuyentes pagaron las cantidades
que les reclamaba la Seguridad Social, pero al no quedar
reflejadas, la Administración ordenaba el embargo.
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