El CGPJ dice que en Manacor hay dos casos de anormal funcionamiento de la Justicia

Un informe del Consejo General del Poder Judicial concluye que ha habido «un supuesto de anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en Manacor, en lo que se refiere al extravío de bienes y efectos, y también en el retraso injustificado para esclarecer el caso». El informe está certificado por Celso Rodríguez Padrón, secretario general del CGPJ, y es la respuesta a la reclamación que impuso Andrés Escribano, por unos hechos que se iniciaron en 1991 y de los que se ha venido informando en Ultima Hora. El reclamante denuncia que a raíz de un registro efectuado en el local 'Villamiel', situado en la carretera de Manacor a Felanitx, se intervinieron multitud de joyas, propiedades y dinero. Pasados los años, y tras ser sobreseído el caso, parte de las joyas y cheques bancarios intervenidos no han podido ser recuperadas por su propietario. Por ello se formuló una denuncia y otro juzgado de Manacor incoó un sumario. Pero transcurridos siete años no se ha esclarecido el caso. El registro se llevó a cabo por la Guardia Civil y lo intervenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1. En el escrito de reclamación se señala que se llevó a cabo una actuación «de manera salvaje y absolutamente inapropiada». Tres años después, el 15 de junio de 1994, se dictó auto de sobreseimiento y se acordó la devolución de los objetos intervenidos, varios de los cuales no han aparecido todavía. Por ello, el 15 de enero de 1995 el Juzgado de Instrucción número 1 acordó librar el testimonio de particulares al juzgado de guardia para depurar responsabilidades. Al día siguiente tuvo lugar la apertura de una caja fuerte que el juzgado tenía en una entidad bancaria. Aparecieron objetos propiedad de la familia de Escribano que no habían sido reseñados en el registro, y que todavía no han sido devueltos, y se notó a faltar otros que sí fueron reseñados y que tampoco han sido recuperados. Además de joyas y otros bienes se han extraviado 419.000 pesetas en cheques al portador. Los magistrados del CGPJ dicen que «en efecto, hay constancia cierta de la desaparición de bienes recogidos en el lugar en donde se practicó la entrada y registro». Añaden los magistrados que «consta, en declaración de un funcionario del juzgado, que las joyas intervenidas se guardaban habitualmente en una caja fuerte sita en el despacho del secretario del juzgado, sin llave y simplemente cerrada, sin combinación. A estos hechos se debe de sumar la inexistencia de libro de piezas de convicción correspondiente a 1991 en el Juzgado Número 1 de Manacor». El CGPJ llega a la conclusión de que «los hechos expuestos son indicativos de que, en efecto, nos encontramos ante un supuesto de anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Para ello no debe ser obstáculo el hecho de que los mismos hayan dado origen a la apertura de las diligencias penales, aún pendientes, ante el Juzgado Número 4 de Manacor». Con respecto a este segundo caso, el CGPJ señala en su informe que «se refiere a un retraso injustificado en la Administración de Justicia durante la tramitación de las diligencias para depurar las responsabilidades penales que correspondieran por la desaparición de los bienes». El CGPJ dice que después de siete años de abrirse las diligencias «no se ha llegado siquiera a formular acusación o a sobreseer la causa. Con independencia de las circunstancias concurrentes en el caso, es criterio mantenido por este Consejo General, el entender que un tiempo de esta entidad, en atención además a la no excesiva complejidad de la causa, no es tolerable desde el punto de vista del derecho a la duración razonable del proceso.