La acusada, Julia I., permanece sentada frente a su abogado, Carlos Portalo, y a la fiscal Mercedes Carrascón. Foto: ALEJANDRO SEPÚLVEDA

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La decisión se tomó después de la segunda jornada en el juicio que se está celebrando en la Audiencia, y que comenzó con una petición de la fiscal de 23 años para Lucía I. por un delito de asesinato. Sin embargo, después de una larga jornada que contó con el testimonio de forenses, psiquiatras, policías y técnicos del Instituto nacional de Toxicología, tanto el fiscal como la defensa decidieron presentar una misma versión de los hechos. El acuerdo tiene como puntos más llamativos la rebaja del delito de asesinato a homicidio y la retirada del agravante de ensañamiento, a pesar de considerar probado que Lucía I. asestó 35 puñaladas a su padre en la zona abdominal. Esto es así porque la fiscal aceptó la versión de los psiquiatras que examinaron a la acusada. Estos determinaron que la joven no era capaz de saber lo que hacía en el momento de los hechos, porque se encontraba bajo un fuerte «shock». También se ha mantenido el agravante de parentesco y se ha introducido el atenuante de arrebato, en un acuerdo que resulta beneficioso para el letrado defensor, Carlos Portalo, puesto que rebaja en 13 años la petición inicial de la fiscal.

Antes de este acuerdo, los dos peritos forenses que realizaron la autopsia al cadáver de José I. confirmaron que el hombre recibió 35 puñaladas en dos ataques consecutivos. El primer ataque se produjo «con casi toda probabilidad» por la espalda, mientras que el segundo se efectuó cuando la víctima ya estaba tendida en la cama, con su hija encima de él. Otro de los puntos fundamentales fue averiguar el efecto de los medicamentos sobre la víctima. La familia afirmaba que el hombre tenía una actitud muy agresiva debido a que no tomaba la medicación sedante. Sin embargo, los análisis clínicos realizados al cadáver indicaron que había restos de dos ansiolíticos y un antisicótico tanto en sangre como en orina. En una verdadera «batalla» dialéctica entre los peritos no se pudo sacar ninguna conclusión, puesto que uno de ellos insistía en que la tolerancia a los medicamentos había acabado por anular su efecto en el enfermo, mientras que otro de ellos lo negaba.

Hoy a mediodía la magistrada presidente entregará al jurado las preguntas objeto de veredicto. En circunstancias normales, no debería haber ninguna sorpresa y el jurado debería ratificar la conformidad alcanzada ayer, por lo que la juez dictaría la sentencia de 10 años de prisión. Uno de los testimonios que más influyó en la fiscal para cambiar su versión de los hechos fue el informe presentado por varios psiquiatras sobre la situación mental de Lucía I. Los peritos consideraron que la joven, de 21 años, presenta síntomas de infantilismo, introversión, inmadurez y retraimiento, así como poca tolerancia a la frustración. Estos rasgos le provocan «respuestas anómalas y desmedidas a los problemas cotidianos», llevándole a «no tener en cuenta las consecuencias de sus actos». También destacaron que se trata de una mujer muy depresiva, hipersensible y con una alta dependencia afectiva hacia su madre, lo cual le provocó una sensación de angustia ante el ataque del padre a ésta. De este modo se justificó en parte que Lucía I. perdiera los estribos y decidiera agredir a su padre empuñando un cuchillo, bajo un fuerte estado de «ofuscamiento» y «sin poder ponderar su reacción».