Imagen del cementerio de Sant Llorenç des Cardassar, donde fue exhumado el cadáver de Andreu Pascual.

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El antiguo juez de paz de Sant Llorenç des Cardassar Miguel Pont ha sido condenado por el TSJB a tres años de suspensión de todo cargo público y al pago de una multa de 720 euros por cobrar tasas inexistentes a los vecinos de la localidad. Según el fallo, Pont llegó a cobrar diversas cantidades que oscilaban entre los 18 y los 100 euros a un total de 17 vecinos de Sant Llorenç, a cambio de realizar trámites burocráticos que no precisaban el pago de ninguna cantidad. El cobro de estas «tasas» tuvo lugar durante los años 2000, 2001 y 2002, siempre con motivo de las defunciones de vecinos del pueblo.

El caso pasó a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears el pasado mes de mayo. El juicio debía realizarse mediante jurado, aunque tras una conformidad entre las partes Pont ha sido condenado por un delito de exacciones ilegales contemplado en el Código Penal, que prevé penas de suspensión entre seis meses y cuatro años.

El fallo considera que la actitud del condenado «revela un perfil conductual adornado con la característica de la persistencia durante años», razón por la cual la pena es de las más elevadas por este delito.

Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que su descubrimiento tiene origen en la muerte del vecino de Sant Llorenç Andreu Pascual, a manos de Esteban Gomila Salas en verano de 2002. Gomila, que fue condenado el año pasado por la Audiencia a 12 años de prisión por un delito de homicidio, asesinó a su vecino mientras trabajaba en su finca.

A continuación metió el cadáver en su vehículo, lo llevó a la localidad y dijo que la víctima había muerto mientras utilizaba un tractor. El juez de paz vio el cadáver y, a pesar de las evidentes sospechas que rodeaban el caso, autorizó el entierro del cuerpo después de que un médico certificara que se trataba de una muerte por infarto. Este médico fue el encargado de examinar el cadáver. El facultativo observó que la víctima presentaba un golpe en la cabeza, aunque lo atribuyó a una caída del tractor. El médico no quiso firmar el certificado de defunción aludiendo que ya lo haría el médico de cabecera de Andreu Pascual.