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EUROPE PRESS-MADRID
El Gobierno dio luz verde ayer a la construcción de 11 nuevas cárceles de aquí a 2012, la conclusión de las obras de cuatro ya iniciadas y la remodelación de otras tres prisiones. En su reunión del Consejo de Ministros de ayer por la mañana, el Ejecutivo aprobó un gasto de 1.647 millones de euros para la «revisión y actualización» del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios, que incluye 32 nuevos Centros de Inserción Social (CIS), cinco unidades para que las madres puedan cumplir condena con sus hijos menores de tres años y 19 obras relacionadas con las Unidadades de Custodia Hospitalaria.

Los Centros de Internamiento Social (CIS) se construirán en Algeciras, Málaga, Sevilla, Huelva, Granada, Andalucía I, Andalucía II, Mallorca, Comunidad Valenciana, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Cantabria, Soria, Valladolid, Segovia, Castilla La Mancha I, Castilla la Mancha II, Ceuta, Cáceres, A Coruña, Madrid I, Madrid Sur, Alcalá de Henares, Murcia, Navarra, Guipúzcoa, Àlava y Vizcaya. Los de Alicante y Vigo ya se están construyendo

En total, el Gobierno pretende crear 18.000 nuevas plazas con el objeto de «acercarse» al objetivo de un interno por celda. A 31 de diciembre de 2004, la ocupación en las cárceles españolas era del 149 por ciento, con 51.222 reclusos para 38.785 celdas.

Por el plan aprobado ayer se construirán 11 nuevos centros en Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Fuerteventura, Gran Canaria, Guipúzcoa, Menorca, Murcia, Navarra, País Vasco y Soria.

Cinco Unidades de Madres para el cumplimiento de mujeres con hijos menores irán destinadas a Andalucía, Balears (Mallorca), Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.

Además de estas infraestructuras nuevas, el Plan prevé la conclusión de obras ya iniciadas para cárceles de régimen ordinario: Puerto de Santa María (Cádiz), Albocásser (Castellón), Estremera (Madrid) y Morón de la Frontera (Sevilla). Las obras de ampliación afectan a El Dueso (Cantabria), Arrecife de Lanzarote y La Isleta (Las Palmas). El ministro del Interior, José Antonio Alonso, manifestó que el Gobierno va a apostar «decididamente» por el principio constitucional de reinserción, por ser «una razón de justicia» y estar recogido en la Constitución, al tiempo que se convierte en una cuestión de «utilidad»: el aumento en el número de personas que dejan de delinquir es proporcional a un «aumento neto» de la seguridad ciudadana.