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Once conductores de las empresas de autobuses Catalina Marqués S.A. y Autocares Andratx S.A. serán juzgados a finales del próximo mes en Palma, acusados de quedarse parte de la recaudación de los billetes que vendían a los pasajeros. En total, la acusación particular solicita penas que oscilan entre un año y medio y dos años y medio para cada uno de los 11 acusados, quienes se apropiaron supuestamente de más de 23.000 euros.

El origen del problema está en un sonoro conflicto laboral que comenzó a principios del año 2000, cuando la empresa y los trabajadores se hallaban en plena discusión por supuestos incumplimientos del convenio en lo que se refiere a pago de horas extras, horarios obligatorios de descanso y pago de festivos y dietas.

Los problemas se fueron agudizando y, en junio de 2000, los trabajadores iniciaron una huelga indefinida en el transcurso de la cual se produjeron serios incidentes por el incumplimiento de los servicios mínimos.

Según el fiscal, ante esta situación los trabajadores «decidieron aumentar sus ingresos de forma unilateral», quedándose con parte de la recaudación que obtenían.

Su modo de actuación, según la acusación, se facilitaba por el hecho de que los conductores eran, además, cobradores. Cada uno de ellos tenía un «saco» que les daba la empresa, en el que debían meter la recaudación del día y un resguardo emitido por la máquina expendedora de los billetes, con el fin de justificar la recaudación. Cuando acababan la jornada, introducían el saco en un lugar especial de las dependencias de la empresa.

Pues bien, según la acusación, los 11 conductores decidieron no ingresar las recaudaciones recibidas a lo largo de multitud de días de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000, así como en enero de 2001.

En total, se calcula que se apropiaron de 23.316 euros. En sus respectivos escritos de acusación, el fiscal afirma que «no consta que actuasen de común acuerdo», aunque la acusación particular sí mantiene este extremo.