El pacto entre el fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, y
los abogados de los acusados de narcotráfico y blanqueo de dinero,
pertenecientes a un clan de Son Banya, no se firmará tal y como
estaba previsto. Así lo explicó ayer a Ultima Hora
Bartomeu Barceló, fiscal jefe de Balears, añadiendo sobre los
motivos que los procesados se resisten a entregar todos los bienes
fruto del delito.
Otras fuentes de la capital del Estado, por su parte, dijeron
que el giro de 160 grados en este caso obedece a una orden directa
de Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga. En la
edición del pasado jueves se informó en estas páginas de que,
después de semanas de negociaciones, el día anterior los abogados
de los 27 acusados se reunieron con Juan Carrau en su despacho. La
inmensa mayoría aceptó las condiciones del acuerdo, que se daba ya
por hecho salvo algún que otro fleco de menor importancia, por lo
que sólo faltaba rubricarlo con las firmas de los acusados. Pero el
mismo jueves Javier Zaragoza, se puso en contacto telefónico con
Juan Carrau y, en síntesis, le dijo que tras revisar las
condiciones no podían aceptarse las mismas por parte de la fiscalía
que preside.
Según manifestaciones de una persona cercana a Zaragoza, Juan
Carrau se habría resistido en principio y solicitó que para dar
marcha atrás quería que se lo ordenaran por escrito. La misma tarde
del jueves este escrito, firmado, habría llegado a Palma. A partir
de ahí, pues, el llamado «pacto de Son Banya» no verá nunca la luz,
tal y como se había concebido. La citada fuente señaló que el
principal motivo que alegó Javier Zaragoza para prohibir que la
Fiscalía de Palma firmara el pacto, es el de que las penas de
privación de libertad que se iban a imponer a los acusados, eran
demasiado bajas.
Desde el pasado jueves se está intentando localizar a todos los
abogados que trabajan en el caso, para informarles de la nueva
situación que se ha creado. Como se ha venido informando, el
acuerdo suponía, a grosso modo, que el Estado se quedaba con todos
los bienes intervenidos al clan, que los acusados se declarasen
culpables, y que las condenas impuestas no supusieran el ingreso en
la cárcel para ninguno de los procesados. También, se les condenaba
a todos ellos a multas que, en el caso de no ser pagadas,
supondrían el ingreso en la cárcel.
Como también se ha venido informando en estas páginas, la
inmensa mayoría de abogados de los 27 acusados estaban de acuerdo
con las condiciones ofrecidas por el fiscal Juan Carrau.
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