El fiscal ha renunciado a 65 de los 89 testigos previstos en el
macrojuicio a los 26 acusados de delitos contra la Hacienda Pública
y blanqueo de capitales del clan de Son Banya. El representante del
Ministerio Público detalló ayer los documentos que presentará como
prueba documental y presentó la lista de los testigos a los que
interrogará, después de que hace dos semanas se llegara a un
acuerdo. Según éste, 24 de los 26 acusados reconocieron los hechos,
haciendo innecesaria la mayor parte de la prueba que se ha
presentado en 32 enormes tomos.
En concreto, el fiscal explicó que renuncia al testimonio de 15
policías del CNP, a 48 testigos civiles y a dos pruebas periciales,
mientras que el abogado del Estado mantiene las acusaciones de
delito contra la Hacienda Pública y ha renunciado a una prueba
pericial.
De este modo, el interrogatorio se limitará a siete testigos, 10
policías nacionales y tres locales. Además, testificarán tres
inspectores de la Agencia Tributaria y un tasador de bienes
inmuebles.
La cuarta jornada de juicio tuvo un despliegue policial mínimo,
ya que sólo un agente de la policía velaba por la seguridad en el
edificio de la Audiencia Provincial. A pesar de ello, se vivió una
jornada sin incidentes. La próxima sesión está prevista para el 6
de febrero, día en que se intentará realizar el interrogatorio a
todos los testigos.
Actualmente, el juicio prosigue debido a que dos de los 26
acusados rechazaron el pacto propuesto por el fiscal. Se trata de
una mujer empleada en una inmobiliaria y que compró varios pisos a
'La Paca', según ella con el dinero procedente de la jubilación de
su marido, y de un hombre que adquirió una finca en el término
municipal de Llucmajor en 1996, supuestamente con el fin de
blanquear dinero procedente de la droga.
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