11/09/07 0:00
TW
0
J.M.AGUILÓ/E. LÓPEZ VERDÚ El teniente de alcalde de Benestar Social del Ajuntament de Palma, Eberhard Grosske, del Bloc, confirmó ayer que hoy martes, 11 de septiembre, agentes de la Policía Local se desplazarán hasta el edificio sin terminar y en ruinas de cinco plantas ubicado en el número 20 de la calle Brotad, en el Polígon de Llevant, para comprobar cuántas personas viven ahora en dicho inmueble.

Cabe recordar que el pasado 8 de agosto, el nuevo equipo de gobierno, que preside la socialista Aina Calvo, firmó un decreto de desalojo y posterior tapiado del citado edificio. En aquel momento, vivían en el inmueble un total de 14 familias, en concreto, 55 personas, 27 de ellas menores. El término de desalojo voluntario terminó ayer lunes. No obstante, varias de las familias que aún viven en el edificio, en algunos casos desde hace ya 15 años, han anunciado que no abandonarán la finca, y que si se les obliga a hacerlo regresarán.

Protocolo
En este sentido, Grosske señaló ayer que «en el supuesto de que al acabar este proceso de desalojo hubiera personas que se negasen a aceptar ninguna de las alternativas propuestas por los técnicos municipales, se procederá mediante la pertinente orden judicial a su desalojo forzoso y al posterior tapiado de los accesos al edificio».

El edil añadió que a partir de hoy será dado a conocer el plan de realojo a la Fiscalia de Menors y a la Oficina del Defensor del Menor, «para coordinar criterios sobre la ubicación más idónea de los menores respecto de su situación familiar». A partir de aquí, «la Regidoria de Benestar Social procederá a ubicar a cada una de las personas y familias afectadas en los lugares previstos para todas ellas».

Por su parte, la portavoz de la oposición y alcaldesa en el pasado mandato, la popular Catalina Cirer, pidió ayer a Grosske que el desalojo se trate con «discreción» y «prudencia», y añadió que «en estos casos nunca debería olvidarse que estamos tratando con personas». En este sentido, criticó al edil de Benestar Social, al considerar que en su modo de actuar en este caso «ha primado el efectismo y las ganas de salir en los medios».

Cirer señaló que «los asuntos sociales nunca son fáciles de resolver ni se pueden tratar con frivolidad», y pidió al nuevo equipo de gobierno que «dé una alternativa a las personas afectadas» y que el realojo «se lleve a cabo en buenas condiciones».

En 2000, siendo alcalde de Palma el popular Joan Fageda, se aprobó un decreto de desalojo que nunca fue ejecutado. En el pasado mandato, las familias fueron atendidas por los servicios sociales y laborales de Cort siempre que lo solicitaron y hubo además un seguimiento personalizado de cada caso.