Calvo gastó 30.000 euros en detectives que seguían a policías

Cada seguimiento profesional de un policía ha costado entre 2.000 y 3.000 euros y los informes elaborados incluyen fotografías, grabaciones de vídeo en formato digital, resúmenes de patrimonio y extractos de sociedades o contratos privados donde pueden aparecer policías locales contratados o regentando negocios. Las fuentes municipales consultadas han insistido en que los trabajos «son muy serios y documentados» y que serán pruebas «irrefutables» contra los agentes que han cometido un fraude laboral.

La operación iniciada en febrero por Cort, única de estas características por cuanto se han contratado a detectives privados para espiar a policías, podría extenderse a otros organismos municipales. De hecho, no se descarta que en Emaya, la EMT, la funeraria o entre el personal administrativo del Ayuntamiento se puedan adoptar medidas similares. «El problema es que la prensa ha desvelado el asunto, y ahora el operativo programado se podría variar», contó ayer una fuente solvente.

En lo que llevamos de año el Ajuntament ha abierto unos 80 expedientes a policías locales relacionados, en muchos casos, con bajas laborales. La medida adoptada por Aina Calvo de contratar a investigadores privados es pionera en Balears, aunque sí ha ocurrido con cierta frecuencia en la Península -y también en Canarias- que los ayuntamientos recurran a detectives para seguir a sus agentes sospechosos de corrupción. En Palma, en una determinada unidad de la Policía Local, los mandos detectaron que algunos funcionarios que cobraban un plus de más de 350 euros se daban de baja de manera más o menos reincidente, por diversos motivos. La sospecha de que se podía tratar de un fraude saltó cuando se confirmó que casi todos ellos regresaban a la unidad antes de que se cumpliera el plazo por el cual perdían la bonificación económica. Después, muchos volvían a coger la baja. Y de nuevo regresaban en el mismo período.

Desde el Ayuntamiento, fuentes oficiosas han explicado que el gasto que ha supuesto la contratación de detectives privados «se compensa ampliamente con los agentes que hemos descubierto cobrando de las arcas municipales mientras estaban de baja y que tenían una segunda ocupación». Ayer, la polémica en el cuartel de San Fernando fue a más. La publicación, en Ultima Hora de que la investigación había estado en manos de detectives ha generado mucha controversia: «¿Y si nosotros contratamos a esos mismos para que sigan a los políticos?», se preguntaban algunos. Otros fueron más allá: «Si vemos a un detective que nos filma o nos espía lo detendremos». San Fernando está que arde.