Agentes del Cuerpo Nacional de Policía entrando en Es Pinaret, a primera hora de ayer. | Vasil Vasilev

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Agentes del Servicio de Atención a la Familia (SAF) del Cuerpo Nacional de Policía irrumpieron, en la mañana de ayer, en las dependencias del Centro de Internamiento Es Pinaret con la finalidad de investigar las supuestas agresiones practicadas a los internos.

En su visita, los investigadores se entrevistaron con la dirección del centro y con algunos de los implicados, según confirmaron a Ultima Hora fuentes próximas al caso.

Las mismas fuentes apuntaron que los policías tienen previsto tomar declaración a todos los implicados y que, parte del personal, ya han sido informados de que, a lo largo del día de hoy, deberán personarse en dependencias de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía para ofrecer su versión de los hechos.

Del mismo modo, la dirección del centro también puso en conocimiento de los agentes que el caso viene de atrás y que sus superiores de las instituciones competentes ya habían sido informados.

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Al parecer, dentro del centro existen dos bandos muy diferenciados de vigilantes de seguridad. Entre ambos, existen denuncias cruzadas y su enemistad es manifiesta. El cabecilla, según consta en el escrito presentado, es uno de los vigilantes que, tras cumplir una sanción que le habían interpuesto se tomó una baja laboral. A su regreso ha sido cuando la situación estalló. Todo apunta a que el bando denunciante podría disponer de pruebas incriminatorias que presentarán ante los investigadores.

El pasado día 12 de septiembre, el secretario de la Federación de Servicios Privados del sindicato CCOO, interpuso en la delegación del Gobierno una denuncia en la que seis vigilantes de Es Pinaret acusaban la «demencial y escalofriante situación que allí se estaba viviendo».

Los denunciantes afirman que hay un «grupúsculo de vigilantes autodenominado ‘La Camada', un grupo de ideología neonazi. Presuntamente, habrían instaurado dentro de Es Pinaret un auténtico régimen de terror que incluiría agresiones a los menores, amenazas al personal educativo, vejaciones y coacciones al resto de compañeros. De hecho, algunos del resto de vigilantes han tenido que darse de baja psicológica por depresión.

«Lo más grave del caso es que la empresa de seguridad tiene conocimiento de todo a través de la dirección del centro y habrían solicitado en reiteradas ocasiones la retirada de los vigilantes sin recibir respuesta satisfactoria», concluyen los denunciantes.