Víctimas y agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional declararon este martes en la Audiencia durante la continuación del juicio contra la banda de paramilitares que perpetró una oleada de atracos en viviendas de Mallorca, a punta de fusil, entre 2011 y 2013. De los seis acusados, cinco reconocieron los hechos delictivos. «Es mucha rabia la que tengo dentro, me han desgraciado la vida», dijo entre sollozos uno de los empresarios asaltados, propietario de una cadena de joyerías. «Cada día se convive con eso».
La noche de reyes de 2013, su esposa, sorprendió a los delincuentes en el domicilio, en Santa Maria, tapados con un pasamontañas y empuñando un fusil. Obligaron a la mujer a engañar a su marido para que acudiera. El hombre llegó junto a un trabajador y los ladrones les inmovilizaron. «Me pidieron ir a la central, pero llevaba la recaudación de la noche de reyes y les bastó». Los atracadores consiguieron 17.500 euros. «Sabían cosas que eran internas, como dónde estaba ‘la central'. Eran conocimientos de gente relacionada con la empresa». Uno de los imputados, vigilante de seguridad, el único que no está preso, mantuvo una relación sentimental con la empleada de una de las joyerías del Coll d'en Rabassa. Había estado en ‘la central' y en la vivienda de la víctima. Es Pedro G. B., el supuesto informador de la banda, quien «facilitaba la información de los distintos objetivos», según el cabecilla, Carlos Tomás Arán.
En uno de los diez robos que les atribuye el fiscal, cometido en la urbanización Puig de Ros (Llucmajor), la banda entró por un ángulo muerto de la cámara de seguridad. «Sólo una persona con información sobre la vivienda sabría que existe ese punto muerto», explicó uno de los guardias civiles que intervino. Pedro G. B. había trabajado como escolta de la familia perjudicada en 2009.
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