Piden penas de hasta 13 años de cárcel a 4 acusados de intentar comprar un riñón a un indigente

En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este martes el juicio contra los cuatro acusados, que afrontan penas de entre 9 y 13 años por delitos de promoción de trasplante ilegal y coacciones, así como una falta de lesiones, dado que supuestamente pegaron al indigente cuando en el último momento desistió de venderles su riñón.

Los procesados forman parte de un clan familiar de origen serbio que fue investigado por la Audiencia Nacional por supuesto tráfico de seres humanos, en una causa que fue archivada en enero de 2014 pero que permitió destapar el presunto intento de compra del riñón, gracias a las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía Nacional.

La Fiscalía acusa a los procesados, tres de ellos miembros de una misma familia y un cuarto que trabajaba con ellos como chófer y traductor, de haber intentado comprar por 6.000 euros el riñón a un inmigrante «sin papeles» de origen marroquí que vivía en la indigencia en L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

Según el ministerio público, el clan trató de comprar el riñón para uno de los acusados, Toni R., al que en octubre de 2014 se diagnosticó una hipertensión arterial maligna renal por la que tuvo que iniciar un tratamiento de hemodiálisis en un centro sanitario de Reus (Tarragona).

El acusado, que en sus visitas médicas suplantó la identidad de su hermano y también acusado Django R. para poder usar la tarjeta sanitaria de éste ya que él no tenía, fue atendido posteriormente en el Hospital de Bellvitge, donde en diciembre de 2014 se le prescribió que necesitaba un trasplante de riñón.

Ignorando la legislación española, que solo permite la donación de órganos «inter vivos» de forma desinteresada, sostiene la Fiscalía, los acusados urdieron un plan para lograr que una persona accediera a venderles un riñón y se hiciera pasar ante las autoridades sanitarias como un amigo de la familia.

De esa forma, el chófer del clan puso en contacto a la familia con el indigente marroquí, que entonces vivía en una casa okupada y subsistía pidiendo limosna, y le ofrecieron 6.000 euros por su riñón aprovechándose, según la Fiscalía, de la situación de extrema necesidad que la víctima atravesaba.

Cuando los médicos habían determinado ya la compatibilidad del riñón del procesado con el de la víctima, y solo quedaban pendientes los trámites notariales necesarios para legalizar el trasplante, el indigente se desdijo y desistió de vender su riñón a los procesados, lo que según el ministerio público motivó que estos se lo llevaran a su casa y le dieran una paliza.

En su declaración en el juicio, los procesados han negado que ofrecieran dinero al indigente a cambio de su riñón -como mucho admiten que le podían haber dado trabajo en agradecimiento- y han mantenido que este se ofreció voluntariamente a facilitar el trasplante por el buen trato que le daba la familia.

Los procesados reconocen que intercambiaron «gritos y empujones» con el indigente cuando este se desdijo en su oferta, pero niegan que llegaran a apalearle, extremo del que apenas hay pruebas ya que cuando la víctima fue visitada por un médico, a los días de la agresión, solo sufría una leve cervicalgia.

La Fiscalía imputa a los acusados un delito de promoción del trasplante ilegal de órganos, argumentando que utilizaron su holgada situación económica -un informe policial cifra en cerca de un millón de euros los movimientos anuales del clan- para forzar la compra de un órgano a una persona necesitada de dinero.

El trasplante, por otra parte, no era esencial para la supervivencia del procesado, que tras frustrarse su plan sigue con vida gracias a tratamientos periódicos de diálisis.