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La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena al sacerdote de la localidad cacereña de Arroyomolinos de quince meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad y profesión relacionada con menores por los delitos de exhibicionismo y abuso de un menor.

La Sala ha desestimado el recurso presentado por la defensa del sacerdote y ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal numero 1 de Cáceres, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

De esta forma la Audiencia considera probados los hechos que sucedieron en septiembre de 2015, cuando el menor contaba con 15 años y comenzó el condenado a comprarle ropa, a invitarle a cenar y a alguna consumición en locales de Cáceres.

Asimismo, el procesado invitó al menor a subir a su domicilio de la capital cacereña.

En la tercera visita, «con conocimiento de la edad del menor, puso un vídeo de contenido pornográfico», según la sentencia.

Seguidamente el sacerdote le invitó a quedarse a dormir, pero el menor se negó porque era tarde y tenía que volver a su casa.

La siguiente vez que subió al domicilio del párroco, volvió a ponerle vídeos del mismo contenido pornográfico.

En esta ocasión «comenzó a masturbarse» e invitó al menor a hacer lo mismo.

Días después la víctima volvió al domicilio y, dado que el acusado volvió a poner este tipo de vídeos, «grabó con su teléfono móvil y se puede ver al acusado en calzoncillos viendo el vídeo», según recoge la sentencia.

Debido a estos hechos, según el fallo judicial, «sufrió una elevada sintomatología ansiosa-depresiva, hiperactivación, así como la afectación de hábitos y rutinas que aconsejan el abordaje psicoterapéutico».

En concreto, el sacerdote ha sido condenado a nueve meses de prisión por el delito continuado de exhibicionismo y seis meses por un delito de abuso a menor.

Asimismo, le condena a tres años de libertad vigilada, cuatro años de inhabilitación para el ejercicio profesional remunerado o no relacionado con menores y el pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima.

La Diócesis de Coria-Cáceres ya le apartó de su actividad cuando salieron los hechos a la luz el 8 de abril del año pasado.