Los miembros del jurado se han adherido por unanimidad a la tesis de la Fiscalía, que pidió 29 años y 10 meses de cárcel para Bruno H.V. al apreciar como atenuante su enfermedad.
Ha rechazado la versión de la defensa, que pedía la absolución del acusado al interpretar que existía una eximente completa de alteración psíquica.
De esta forma, para el jurado ha quedado acreditado que Bruno H.V. mató a su tía Liria y a su inquilina Adriana y troceó sus cuerpos -que aún no han sido encontrados- en una picadora industrial.
Asimismo, ha considerado por unanimidad que Bruno falseó la firma de su tía para apropiarse de la vivienda de Majadahonda y que giró 33.227 euros de una cuenta de esa familiar una sociedad cuyo único administrador era él, además de constatar el delito de tenencia ilícita de armas.
Durante su declaración, Bruno negó que hubiera cometido los crímenes de su tía y de la inquilina, de quienes no recordaba nada, y se limitó a explicar su pertenencia a una hermandad secreta, llamada «ER», junto a importantes líderes mundiales.
«No he matado a nadie, no he hecho nada ilegal, no he cometido ningún delito, lo único que sé es que estoy fuertemente medicado y que me interesa la E y la R», declaró el acusado.
Sin embargo, a pesar de que los peritos confirmaron su esquizofrenia paranoide hasta el punto de que «su juicio de la realidad se viera alterado» por «interpretaciones delirantes», el jurado ha considerado que esto solo afectó de manera parcial a sus facultades.
Además, los miembros del jurado han validado las explicaciones de los peritos que hallaron restos orgánicos de las víctimas tanto en la trituradora como en las paredes y el suelo del sótano, donde se cree que se deshizo de los cuerpos en la picadora para después ocultarlos en un lugar que aún se desconoce.
Para el jurado también queda probado que Bruno escribió una carta de despedida del trabajo en la que se hacía pasar por su inquilina y que envió mensajes a familiares y amigos de Adriana para hacerles creer que seguía con vida.
La Fiscalía consideró que estos actos posteriores a los crímenes denotaban «un intento real de eludir su responsabilidad» a pesar de la «indudable» enfermedad mental del acusado, lo que llevó a la fiscal a pasar de los 30 años de internamiento psiquiátrico solicitados inicialmente, a los 29 años y 10 meses de cárcel.
Tras el veredicto emitido por el jurado, todas las partes han mantenido sus peticiones, al tiempo que el abogado de la defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia condenatoria ante el Tribunal Supremo.
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