El juez Penalva y el fiscal Subirán. | Alejandro Sepúlveda

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El juez instructor del ‘caso Cursach', Manuel Penalva, denunció en sendas peticiones de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial, la existencia de una «actuación coordinada dirigida a desprestigiar a toda costa a los testigos e investigadores en la macrocausa». El magistrado remitió dos escritos al Consejo, uno el 13 de noviembre y otro de ampliación el 27. En ellos solicita amparo y responde a su vez a la queja presentada por una abogada del caso. «Todas estas actuaciones forman parte de una campaña diseñada a tal fin que sólo encuentra explicación en las ingentes pruebas recopiladas durante cuatro años», señala.

Además de ese desprestigio, Penalva añade que se busca «agotar física y psicológicamente a los investigadores». El magistrado continúa: «En esta estrategia colabora activamente un periódico local (Ultima Hora)». Añade: «Acostumbra a publicar noticias distorsionadas, sesgadas y manipuladas para la ocasión, en interés de la organización investigada». Expone al Consejo: «No es interés de quien suscribe entrar en estériles polémicas con medios de comunicación, pero no obstante, explico la situación a fin de trasladar de la manera más fiel posible el clima irrespirable que estamos viviendo». El escrito al Consejo personaliza los ataques en los letrados José Ignacio Herrero, Vicente Campaner y Rosario Molina.

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Recopila declaraciones públicas, ya sea en medios o en redes sociales de los dos primeros, además de numerosos incidentes, como la grabación de una declaración, las manifestaciones convocadas con el lema «corrupción en el juzgado de instrucción» o las sucesivas querellas planteadas ante el TSJB. La principal de ellas fue desestimada por el tribunal y su decisión, recurrida.

El escrito, al igual que el más amplio en el que Penalva rechazaba la recusación planteada por las partes, enumera distintos episodios de presiones y amenazas. El juez recuerda el incendio de un coche en el aparcamiento en el que deja el suyo, las entradas en casa del fiscal y otros incidentes. La Comisión Permanente del Consejo ha abierto un expediente para decidir si da al magistrado el amparo solicitado.