La queja ante el Supremo pide que se actue contra los magistrados por exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial. Imagen de una de las manifestaciones convocadas para denunciar la instrucción judicial. | Alejandro Sepúlveda

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La polémica entre dos abogados y tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por el ‘caso Cursach’ llega al Supremo.

El letrado Vicente Campaner ha presentado un escrito de queja ante el Alto Tribunal contra los magistrados Antonio Terrasa, Miguel Angel Aguiló y Antonio Montserrat por lo que considera una «falta muy grave» y solicita que se «acuerde incoar un expediente disciplinario por si el comportamiento de los magistrados pudiere ser constitutivos de una falta grave prevista en el artículo 418.5 LOPJ y, en su día, se les imponga un apercibimiento».

Vicente Campaner y otro letrado presentaron una querella contra el juez instructor del ‘caso Cursach’, Manuel Penalva, y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, por prevaricación judicial, falsedad, torturas vindicativas y obstrucción a la Justicia. La querella se dirigió al TSJB al estar aforados jueces y magistrados, pero fue desestimada.

Los abogados interpusieron un recurso de súplica ante la inadmisión, que fue admitido. El TSJB requirió a los querellantes que detallaran las supuestas irregularidades, pero una vez analizadas desestimó de nuevo el recurso de súplica para recuperar la denuncia contra el juez y el fiscal.

El tribunal insistió en que no había indicios de delito y abrió tres piezas disciplinarias contra los abogados por si han actuado con «mala fe procesal», a la vez que les reprochó la transcripción de forma tergiversada partes de las grabaciones a ‘La madame’ y pide a la Guardia Civil que examine estas grabaciones.

Campaner considera que «hay abuso de autoridad pidiendo una investigación contra nosotros, sin ninguna prueba, y contra los querellados no han hecho ni una sola investigación», y por ello ha presentado el escrito de queja, acompañado del expediente judicial como prueba, ante el Supremo.