El juicio, señalado para el pasado verano y que tuvo que ser aplazado a la espera de un informe médico de uno de los procesados, se celebrará en ocho sesiones señaladas hasta el próximo 1 de marzo y tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional, ubicada en San Fernando de Henares, debido al gran número de acusados. La Fiscalía Anticorrupción ejercía acusación contra un total de 26 personas por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales y solicitaba la pena más alta para el 'capo' Gennadios Petrov y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva. No obstante solo se sentarán en el banquillo de los acusados 18 miembros de la red.
El juez de la Audiencia Nacional que instruyó la investigación, José de la Mata, cursó, a petición del fiscal, una orden internacional de detención contra más de una decena de los acusados, entre ellos el jefe de la mafia --que se encuentra en búsqueda y captura-- y su hijo Anton Petrov.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, desde su llegada a España en 1998, el líder de la trama mafiosa, acompañado de varios familiares y otros «súbditos» rusos, se dedicó a la creación de sociedades, utilizando capital procedente del movimiento de divisas de diferentes países, en parte de Rusia pero también y mayoritariamente de paraísos fiscales.
Desde entonces hasta la fecha, el principal acusado (conocido como 'autoridad criminal') ha acumulado un valor patrimonial bien en efectivo bien en muebles e inmuebles que supera «en exceso» los 50.000.000 de euros.
Para los restantes presuntos miembros de esta mafia se piden cinco años y medio de cárcel y multa de cien millones de euros para cada uno, un total de 2.700 millones. Entre ellos se encuentra el expresidente de la Comisión Parlamentaria de Instituciones de Crédito y Mercados de la Duma, Vladislav Matusovich Reznik y su esposa Diana Gindin, respecto de los cuales la Audiencia Nacional anuló las órdenes de búsqueda y captura en mayo del pasado año.
La organización criminal de origen ruso actuaba en España y fue desarticulada en la operación 'Troika' desplegada en junio de 2008. Según la Fiscalía, el grupo criminal estaba integrado por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y otros países de la Unión Europea, que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol.
Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la «descapitalización» fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar «palizas por encargo».
Según el fiscal, el rendimiento económico que les generaban tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban casi en exclusiva para la organización, hasta que se integraron en la «poliédrica» estructura de la 'Tambovskaya-Malyshevkaya'. Entre los acusados figuran dos abogados españoles que fueron contratados para «gestionar lo necesario a fin de ocultar el ilícito origen de los fondos que reciben».
En el banquillo de los acusados se sientan Jurij Mihalovic, Svetlana Vassiljeva, Juan Antonio Untoria, Ioulia Kasimirovna, Valdislav Matusovich, Diana Guindon, Andrey Malenkovich, Olena Boyko, Leonid Khazine, Mikhail Rebo, Leocadia Martin, Ignacio Pedro Urquijo, Julián Jesús Ángulo, Zhanna Gavrilenkova, Francisco Ocaña, Kiril Yudashez, Antonio de Fortuny y Vadim Romaniuk.
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