La fiscal da «plena credibilidad» al testimonio de la menor y mantiene su acusación

Durante las conclusiones del juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el Ministerio Público ha mantenido la petición de una condena de nueve años de prisión.

La fiscal cree que «concurren todos los elementos para darle plena credibilidad a la declaración de la víctima» en cuanto a la falta de consentimiento para mantener relaciones sexuales.

La representante del Ministerio Fiscal ha recordado que este tipo de delitos se cometen «en soledad» y «se aprovecha precisamente la soledad de la menor». Por ello, la Fiscalía ha recalcado que la joven dijo que no quería tener relaciones y que el acusado «hizo caso omiso».

En esta línea, la Fiscalía considera que la menor pudo vivir una «situación de miedo y de 'shock'» y ha destacado que la declaración del acusado se ha basado en conversaciones digitales en redes sociales que ha borrado.

Por su parte, el abogado de la defensa ha hecho hincapié en la «poca prueba» de la causa y ha argumentado que precisamente esos mensajes borrados «defienden» al acusado «en lugar de incriminarle».

Según la versión del joven, en dichos mensajes la víctima le manifestaba que quería volver a tener relaciones. Por ello, el letrado considera acreditado que las relaciones fueron consentidas. Así, ha solicitado una sentencia absolutoria, y de forma subsidiaria, que en caso de resultar condenado se tenga en cuenta la poca diferencia de edad entre ambos.

Los hechos tuvieron lugar a principios de 2017. El acusado y su víctima se conocieron por Instagram y se citaron en la casa de la menor -cuya dirección facilitó ella misma-, donde mantuvieron relaciones.

La Fiscalía sostiene que la chica dijo expresamente que no quería mantener relaciones sexuales pero que el acusado hizo caso omiso y penetró a la víctima.

Además de los nueve años de cárcel, la Fiscalía solicita una orden de alejamiento de 500 metros y de incomunicación durante siete años, así como siete años de libertad vigilada. Igualmente, pide que indemnice al representante legal de la menor con 4.000 euros por los daños morales ocasionados.