En un comunicado conjunto, han explicado que el objetivo es instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral, que desde hace más de un año mantiene con la Administración Penitenciaria.
Así, han expuesto «la necesidad de abordar una negociación real», tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que fue retirada «tan solo tres días después bajo el argumento de restricción presupuestaria» y que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a lo largo del periodo 2019-2021.
Según aseguran, los trabajadores de prisiones se encuentran «absolutamente indignados» porque considerna que la administración se les ha faltado el respeto. Por ello han convocado una serie de medidas que han dado comienzo este miércoles con el primero de los seis días de huelga en el centro penitenciario de Palma, así como en el conjunto de centros dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Las propuestas se extenderán también a noviembre (6, 8, 13 y 15).
Por otra parte, consideran que el diálogo iniciado con el actual partido en el Gobierno así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos generales ha quedado truncado.
El Ejecutivo debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados de prisiones a las reales cargas de trabajo.
Asimismo, han criticado «los abusivos servicios mínimos» que deben soportar como funcionarios públicos y que entienden que les impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como el huelga.
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