El empresario Bartolomé Cursach, junto con su abogado, Enrique Molina. | ALEJANDRO SEPULVEDA - GRUP SERRA

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La Audiencia Provincial acaba con la incertidumbre en el caso Cursach. El tribunal da por bueno el planteamiento del juez instructor, Miquel Florit, para que el empresario responda por dos piezas diferentes por cohechos: una por los pagos a policías locales y funcionarios para que beneficiaran a sus negocios y otra diferente por las fiestas en Tito’s.

La primera de estas piezas separadas está ya muy avanzada. El magistrado ya cerró la misma y está sólo pendiente de que la Fiscalía presente su escrito de calificación para que Cursach junto con directivos de su grupo y agentes de la Policía Local de Palma se sienten en el banquillo. La situación de esta pieza es la que había provocado una «incertidumbre procesal» en la causa, como admitió el propio instructor. Fue abierta por el anterior magistrado, el más tarde recusado Manuel Penalva. Más tarde la Audiencia dejó sin efecto esta decisión por falta de motivación. El nuevo instructor tuvo que parchear la resolución y esta vez el tribunal sí da luz verde a su tramitación.

Los magistrados señalan que no existe riesgo de que se rompa la unidad de la causa por juzgar por un lado estos sobornos a pesar de que se trate de una investigación contra una única organización criminal. En esta pieza está incluida también la exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell.

La otra causa, por las supuestas fiestas con prostitutas y alcohol, incluyen entre los investigados al diputado Álvaro Gijón y al exlíder del PP en Palma, José María Rodriguez. En este caso se investiga si los funcionarios públicos recibieron estos ‘regalos’ en función de sus cargos. Si la Fiscalía mantiene esta acusación provocaría a que este asunto tuviera que se resuelto por un jurado.