Las autoridades españolas habían solicitado la extradición de García Julia, que contaba con 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha, y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos.
La matanza de Atocha, un atentado de la extrema derecha en los estertores del franquismo, fue cometido -según el fallo de la sentencia posterior- por un grupo «activista e ideológico», que rechazaba «el cambio institucional que se estaba produciendo en España». Ese cambió concluyó un año después con la llegada de la Constitución de 1978.
Los cuatro integrantes del comando de ultraderecha, Francisco Albadalejo, José Fernández Cerrá, Leocadio Jiménez Caravaca y Carlos García Juliá, fueron condenados a penas de entre 73 y 193 años.
Tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibañez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafin Holgado y un administrativo, Angel Rodríguez Leal, fueron las víctimas mortales. Y hubo además cuatro heridos graves.
El 24 de enero de 1977 dos pistoleros irrumpieron en el despacho laboralista de Comisiones Obreras en el número 55 de la calle Atocha.
El hecho conmocionó al país y pasó a la historia de la Transición como «la matanza de Atocha». Cada año, el 24 de enero, se recuerda en madrid la matanza de Atocha con actos en la plaza de Anton Martín, donde una escultura, El Abrazo, de Juan Genovés, rinde memoria a los abogados muertos y las víctimas del atentado.
García Juliá, detenido en Brasil, y que estaba adscrito a Falange cuando cometió los asesinatos, fue condenado a 193 años de cárcel pero se fugó, aprovechando un permiso penitenciario, y huyó a Bolivia, donde fue encarcelado por un delito relacionado con el narcotráfico.
El juicio en España por la matanza de Atocha se celebró en 1980 y la sentencia sumó 464 años de cárcel: condenó a José Fernández Cerrá y a García Juliá a 193 años como autores materiales.
Los dos principales encausados cumplieron unos 14 años de condena, ya que García Juliá se fugó en una libertad condicional y Cerrá fue puesto en libertad y también se fue a Sudamérica.
Mientras estaba huido en Bolivia, la Audiencia Nacional dictó una orden de extradición para Juliá y en diciembre de 2016 actualizó esta petición ante el Ministerio de Justicia para que fuese trasladado a España para cumplir condena.
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