En la querella presentada 48 horas después de la incautación se acusa al juez Florit de los presuntos delitos de «prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción».
En el escrito se solicita que el Tribunal Superior de Justicia ordene al Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma de Mallorca y a la Policía Judicial «la inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados en ejecución del auto calificado en la presente querella como prevaricador.
Además, se pide al Tribunal que se elimine de forma inmediata cualquier «dato o copia que se haya extraído de los mismos, que se haya hecho constar en cualquier soporte material o virtual, en papel o informático».
También reclama que el juez Florit declare, y que lo hagan también los dos periodistas en calidad de testigos.
La Policía Judicial por orden del juez Florit requirió al pasado martes al periodista de Diario de Mallorca José Francisco Mestre la entrega de su teléfono móvil y sus claves de desbloqueo.
El mismo día una comisión judicial incautó el móvil, ordenadores y otro material de trabajo a la periodista de Europa Press, Blanca Pou, en la delegación de la agencia en Palma
El juez Florit ordenó estas incautaciones con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación sobre una filtración a la prensa relacionada con el llamado caso Cursach, y respuesta a una solicitud presentada por la Fiscalía y los representantes legales de Bartolome Cursach, el mayor empresario balear del negocio del ocio nocturno
«El Magistrado querellado ha tratado de burlar el secreto profesional jibarizando artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional si los dispositivos o bases de datos de cualquier índole en los que los periodistas introducen su material de trabajo o en los que quedan registro de las comunicaciones con sus fuentes pueden ser registradas y/o incautadas», señala el escrito de la querella.
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