Tras las detenciones, un empresario y un funcionario fueron a prisión. | Jaume Morey

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Las detenciones del ‘caso ORA' buscaron delaciones en un clima de «manipulación, amenaza, castigo y terror» impuesto por los agentes del Grupo de Blanqueo, el fiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva. Un nuevo informe policial centrado en los doce arrestos de esa causa aporta nuevos documentos que refuerzan la existencia de irregularidades en esas detenciones, más allá del contenido de los grupos de WhatsApp. Los agentes de Blanqueo tenían en sus ordenadores fichas de cada uno de los detenidos. En ellas constaba qué se buscaba con su declaración: «Objetivo: que venda a...» seguido de otro de los investigados.

El Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional llevó a cabo en octubre de 2016 doce detenciones en el inicio del ‘caso ORA'. Entre ellos los exconcejales Gabriel Vallejo e Irene San Gil, el empresario Antoni Roig y varios funcionarios de Cort. El nuevo informe de la Policía Nacional aportado a la causa sobre irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach' y sus piezas separadas concluye que los arrestos se basaban en «pruebas bastante poco sólidas» y que con ellas se buscaba arrancar confesiones y delaciones para impulsar la investigación. La causa partía de la declaración de un testigo protegido que hablaba de oídas: contó que en el PP se decía que Álvaro Gijón y José María Rodríguez habían cobrado por manipular la adjudicación de la ORA y que el primero recibió un piso. Las primeras investigaciones no consiguieron acreditar ese extremo. El informe también pone de manifiesto que las supuestas irregularidades en el contrato sólo fueron examinadas por un agente que no era experto en contratación administrativa. Con esos mimbres se desencadenó la operación.

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Antes, los agentes de Blanqueo habían preparado unas fichas con el objetivo para cada uno de los detenidos. En el caso de Vallejo y de Roig: «Que venda a Gijón». En el de uno de los funcionarios: «Que venda a Sastre. Jugar con la libertad de su mujer (también arrestada)». Los investigadores de la Policía Nacional tomaron declaración a los detenidos esos días y todos ellos narran una situación similar: de una forma u otra se les garantiza que quedarán libres si dicen lo que buscan los agentes de Blanqueo y el fiscal Subirán. Uno de los funcionarios admite que aceptó que el propio fiscal «hiciera pasar como suyas las respuestas que le dio la gana».

Esas presiones provenían, según el informe, sobre todo de un subinspector de Blanqueo y del propio fiscal. Sin embargo, uno de los detenidos contó también un momento de su declaración judicial en el que salió su abogado del despacho y fue también presionado por el juez Manuel Penalva. Uno de los objetivos prioritarios de esas maniobras fue el empresario Antoni Roig. Se le hizo llegar un teléfono a la cárcel cuando estaba preventivo y durante su detención fue sacado cuatro veces de los calabozos para que apuntara a Gijón.