El letrado Esteban Hernández Thiel ha hecho entrega de su escrito definitivo al resto de partes una vez que se ha practicado toda la prueba, que ha finalizado con la reproducción de una carta remitida por la acusada al padre de Gabriel Cruz el 17 de abril de 2018, cuando llevaba ya un mes en prisión provisional por esta causa.
La defensa considera que concurren dos circunstancias atenuantes en la actuación de Ana Julia Quezada que rebajarían la pena impuesta y apunta a la atenuante de confesión, o alternativamente, confesión tardía de los hechos, así como a la atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
Según el escrito de conclusiones definitivas presentado por la defensa, cuando la procesada dio muerte a Gabriel Cruz lo hizo bajo un «estado pasional que disminuía su capacidad de comprender y de controlar las consecuencias de sus actos, sin llegar a anularla».
Indica que le tapó la boca «para que no profiriera más insultos, apretándola con intención de que se callara» y que, después, se produjo un «intenso forcejeo, llegando a la pared Ana Julia, presa de la ira y sin medir las consecuencias de su acción».
«Continuó tapándole la boca y nariz, presionándole contra la pared, a pesar de la resistencia del menor, hasta percatarse de que Gabriel había dejado de respirar», añade.
La defensa señala que, al «darse cuenta de ello», fue «presa del pánico» y «quedó bloqueada e incapaz de asumir lo ocurrido», tras lo que dio sepultura al cuerpo del niño en la finca de Rodalquilar (Níjar, Almería) en la que se produjo el crimen el 27 de febrero de 2018.
«Incapaz de afrontar lo acontecido y sin saber cómo explicarlos a su pareja ante la repercusión mediática y al estar bajo los efectos de medicación ansiolítica, movida por el ánimo de evitar las consecuencias de sus actos, continuó ocultando lo acontecido hasta su detención», concluye el escrito entregado este martes a las partes en el que insiste en que la convivencia entre la acusada y Ángel Cruz «no siempre era aceptada de buen grado» por el menor.
También insiste en que el niño «cogió un hacha para jugar», en que Ana Julia Quezada le dijo que la «soltara pues era peligroso y podía hacerse daño» y en que le «insultó, negándose a darle el hacha», por lo que «intento quitársela, llegando a taparle la boca para que no profiriera más insultos».
En relación a la carta interesada por la defensa, la acusada se dirigía a su expareja sentimental para asegurarle que no tenía «excusas» para su comportamiento y que se vio «bloqueada» por el miedo. «Por un lamentable accidente te quité lo más grande», ha reproducido la letrada de Administración de Justicia en relación a la epístola, en la que Quezada niega que actuara de forma premeditada. «No pude sacar fuerzas para decirlo» y «me metí en una bola cada vez más grande», ha apuntado. «Quiero pedir perdón a todos, a tI, a Patricia. Pido perdón de todo corazón y espero que algún día me perdonéis», finaliza la carta que remitió a los juzgados de Almería.
El letrado de la defensa ha mantenido su relato en relación a que los hechos se sucedieron de forma «accidental» o, en todo caso, Quezada fue «presta de la ira» puesto que «su única intención era acallar» a Gabriel, puesto que, según ha recalcado, el resultado de la autopsia no certificaría una muerte violenta que fuera más allá de la asfixia.
«Me tengo que basa en la prueba practicada. Lo que manifiesta la acusación particular no está probado por mucho que intente confundir», ha remarcado Hernández, quien se ha posicionado en contra del informe médico con el que la familia de Gabriel ha tratado de acreditar que se produjo una agresión previa y extensa antes de que el pequeño pereciera.
En cualquier caso, ha destacado las «discrepancias» con la versión del fiscal, que mantiene que la asfixia se produjo con intencionalidad; algo con lo que tampoco está de acuerdo.
En la misma línea, ha arremetido contra la versión de la acusación particular ante la posibilidad de que Quezada empleara el hacha para golpear al menor en la parte posterior de la oreja, ya que en ese caso «se queda el impacto y la forma del hacha donde se golpea», según ha contemplado.
«En tres horas y media había mil formas de dar muerte niño y de ocultarlo. Si eso quería, si fue premeditado, sería la mayor chapuza producida jamás», ha recalcado el letrado de la defensa a la hora de rebatir la posibilidad de que el crimen fuera premeditado, sentido en que cree que Quezada dispuso de tiempo suficiente para haber ocultado mejor el cadáver en caso de que su forma de actuar hubiera obedecido a un plan.
De otro lado, ha criticado las «calumnias» emitidas por la acusación particular para dibujar un perfil concreto sobre la acusada ante el jurado sobre su pasado. «No ha tenido una vida fácil y de ahí pretende extraer un análisis pormenorizado», ha dicho antes de recordar que Quezada carece de antecedentes penales, de modo que «no fue ni tan siquiera juzgada por ningún asunto desde el que aquí se pretenden arrojar dudas».
«Puestos a calumniar, hasta el más mínimo paso se puede interpretar de forma negativa», ha dicho también ante las interpretaciones dadas por la pérdidas de dos teléfonos móviles durante la desaparición del niño.
Para Hernández, el comportamiento de su patrocinada tras el crimen obedeció en gran parte al «revuelo mediático» que se formó en torno a la desaparición del menor, lo que originó en ella un estado ansioso que le llevó tener comportamientos «ilógicos» cuando recuperó el cuerpo del niño y se dirigió a Vícar con él. En esta misma situación ha encuadrado su modo de actuar e, incluso, a sopesar el suicidio mediante la ingesta de pastillas aunque no supiese cuántas eran necesarias para ello.
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