Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, las indagaciones se iniciaron hace unas semanas cuando se recibió una denuncia en la Policía y en la Delegación de Trabajo de la Seguridad Social por un posible delito contra el derecho de los trabajadores, presuntamente cometido por parte del administrador del negocio, así como de la encargada de gestionarlo y de uno de los trabajadores del mismo.
Recibidas las denuncias correspondientes, los agentes pudieron llegar a la conclusión que la actividad presuntamente delictiva de estas personas afectaba al colectivo de trabajadores extranjeros únicamente, llegando a «un régimen de casi esclavitud».
Entre las manifestaciones recibidas, las víctimas eran obligadas a realizar jornadas laborales de entre 12 y 14 horas diarias percibiendo únicamente 40 euros por día trabajado.
Asimismo, se incumplían las vacaciones anuales sistemáticamente, no disfrutaban del periodo vacacional establecido por convenio ni la compensación correspondiente por vacaciones no disfrutadas, bajo la amenaza de ser despedidos.
Los trabajadores realizaban funciones de camareros, cocineros, limpieza o bien labores de mantenimiento, si bien la mayoría de ellos no tenían ningún tipo de contrato laboral y percibían el mismo salario fuera cual fuera su puesto de trabajo.
Sin embargo, los que disponían de ello, eran obligados a firmar su nómina aunque no percibían las cantidades económicas que allí constaban mediante «amenazas que si no lo hacían en ese mismo instante se quedaban en la calle y sin trabajo».
Las víctimas eran obligados a trabajar 6 días semanales y librando únicamente un día por semana y nunca en fin de semana. Igualmente, si estaban enfermos y no podían acudir a su puesto de trabajo no percibían ningún tipo de salario.
Además, en caso de accidente laboral, el dueño de la empresa obligaba a los trabajadores a manifestar que el accidente no había sido laboral y en caso contrario eran despedidos, no cobrando durante el tiempo de baja.
Los trabajadores al finalizar la temporada no percibían ningún tipo de finiquito correspondiente a su tiempo cotizado en la empresa.
Por todo lo manifestado y en vista de tener indicios racionales de la comisión de un delito contra los derechos, se procedió a la realización de una Inspección junto a la delegación de trabajo y seguridad social en el mencionado restaurante.
Las víctimas, en total siete, llevadas por sus diferentes situaciones económicas y personales y por miedo a perder su única fuente de ingresos, se veían obligadas a aceptar las condiciones laborales impuestas por el conocido empresario de la zona y la encargada. Las detenciones se han enmarcado en la operación 'Repera', que se ha llevado a cabo con la colaboración con Inspección de Trabajo.
