Fachada del hospital universitario Fundación Alcorcon (Madrid). | Rodrigo Jiménez

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Juan José González, acusado de intentar asfixiar a una anciana ingresada en el Hospital de Móstoles y condenado por dos asesinatos, llevaba dos años sin estar sometido a una medida de seguridad con control judicial y sin estar obligado a medicarse.

En 2007, el detenido quedó en libertad tras cumplir condena en la prisión y psiquiátrico de Fontcalent (Alicante), donde se le diagnosticó que sufría esquizofrenia. La condena por el asesinato de Valeriana de la Fuente, su primera víctima, incluía 20 años de medida de seguridad, de las que diez estuvo bajo internamiento y otras diez bajo tratamiento ambulatorio.

«Lleva dos años sin control judicial con el riesgo que eso entraña. Quedó como 'un enfermo civil' al que no se le puede obligar ni a tratarse ni a medicarse», ha relatado a Europa Press el psiquiatra y forense que le diagnosticó una esquizofrenia paranoidea.

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Tras salir hace doce años del penitenciario alicantino, Juan José González trabajaba en la lavandería del Hospital de Alcorcón. Fue detenido después de intentar asfixiar a una anciana ingresada el pasado sábado.

El experto, que le examinó hace ya 22 años, cree que su enfermedad se pudo reactivar después de un intento de suicidio hace unos meses, un hecho por el que sus padres le ingresaron en la Unidad Psiquiátrica del Hospital de Alcorcón.

«Con este tipo de enfermos hay un problema. Hay muchos enfermos desatendidos por la legislación civil y no es una cuestión de volver a los manicomios. Se necesitan recursos», ha destacado el forense, ya jubilado desde hace unos años.

El reconocido psiquiatra piensa que «el sistema de tratamiento y observación a enfermos mentales falla por muchos sitios». «Cuando empecé casi fallaba. No hay recursos y se abrieron hospitales psiquiátricos, estando la mayoría de los enfermos en la calle. Hay un porcentaje que tiene ser riesgo de ser agresivo», ha zanjado.