Además, la Fiscalía también pide que se le imponga al acusado una medida de libertad vigilada por otros ocho años, que se le prohíba acudir a locutorios y que se le obligue a participar en un programa formativo de educación sexual.
También reclama imponer una inhabilitación especial para cualquier actividad retribuida o no que conlleve contacto regular con menores de edad.
Según el relato del escrito de acusación, los hechos se remontan a principios de 2016, cuando un grupo de Protección del Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Madrid detectó la actividad del acusado.
En concreto, la Policía detectó un enlace en la red TOR -un tipo de red anónima- en la 'Deep Web', en la que se facilitaban instrucciones de acceso a una comunidad pedófila. En esa comunidad se intercambiaban archivos de pornografía infantil a través de canales de mensajería instantánea o de videollamadas.
Los investigadores pudieron rastrear la conexión del acusado y determinar que se utilizaba desde Palma. Así, obtuvieron una orden judicial para registrar el domicilio del joven, donde encontraron múltiples dispositivos informáticos en los que hallaron archivos pedófilos, «algunos de ellos de especial carácter degradante y vejatorio», según el relato del fiscal.
También se hallaron indicios de que el joven distribuía estos contenidos a través de Skype y Telegram.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.