La Fiscalía pide para el acusado una condena de dos años de prisión para cada uno de los casos, al considerar que son hechos constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Según la acusación, el empresario concertó un contrato al primer trabajador desde el 10 de junio hasta el 9 de septiembre de 2013 para realizar funciones de jardinería dos horas diarias de lunes a viernes. El documento establecía que el empleado tendría un periodo de prueba de 15 días y que su salario estaría estipulado según el convenio colectivo del sector.
A la práctica, el trabajador tenía que llevaba a cabo funciones de albañilería en horario de 08.00 horas a 18.00 horas, con un día de descanso a la semana, y percibiendo por ello una cantidad de 70 euros a la semana en concepto de salario y 30, de manutención. La situación se prolongó hasta el 7 de noviembre de ese mismo año.
El 17 de junio de 2013 el empresario dio de alta en la Seguridad Social a otro trabajador en la categoría de jardinería, si bien también acabó realizando tareas de albañil, en el mismo horario y salario que el anterior.
Desde el Ministerio Fiscal han relatado que, además, ambas víctimas vivían en la finca en condiciones de limpieza e higiene «deplorables» y no disponían de agua corriente, ni de aseo, ni de cocina.
Con todo, la Fiscalía pide los cuatro años de cárcel y 12 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros. Además, el acusado indemnizará con 1.000 euros para cada uno en concepto de daño moral, así como el importe que hubieran debido de percibir por el trabajo realizado.
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