El acusado, este lunes, durante el juicio. | Alejandro Sepúlveda

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El fiscal reclama cuatro años de cárcel para el empresario por dos delitos contra el derecho de los trabajadores y que indemnice a los perjudicados con 4.100 y 3.100 euros, respectivamente, por el daño moral y las labores realizadas y no abonadas.

El delegado del Gobierno en funciones hasta hace unos días, Ramón Morey, declaró como inspector de Trabajo y dijo que las víctimas estaban en «unas condiciones nefastas», hacían más horas de las contratadas y cobraban por debajo del salario mínimo interprofesional.

–Estas personas, cuando denuncian, refieren que usted les tenía prácticamente como esclavos. ¿Es cierto?

–No, para nada.

Un empresario acusado de explotar a dos inmigrantes en una finca de la carretera de Sineu, en 2013, aseguró en el juicio en la Audiencia de Palma que nunca ha engañado a los denunciantes. «Actué más por un impulso de cierta caridad», comentó el hombre, español de 63 años. Los empleados, de origen marroquí, no tenían trabajo ni un lugar donde dormir.

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El procesado, gestor y asesor fiscal, explicó que conoció a uno de ellos porque trabajaba cerca de su despacho, en la zona de es Portixol, como aparcacoches. «Lo típico de esta gente», dijo ante el tribunal. El empresario le ofreció trabajo de limpieza en la finca rústica. «Al cabo de una semana se presentó otro marroquí en bicicleta y me pidió trabajo».

El empresario declaró que al principio trabajaban dos horas al día y que después les hizo un trabajo de media jornada. «Recuerdo, vagamente, que les pagaba por semana. 180 euros a cada uno y, de manera voluntaria, les llevaba un poco de comida. Me dijeron que no tenían casa y uno de ellos vivía en la playa». El acusado comentó que nunca les obligó a que entraran a vivir en esa casa, que era antigua. Los dos árabes, según su versión, tenían total libertad y, a veces, iban a rezar a la mezquita de Pere Garau.

Uno de los perjudicados manifestó que el hombre le ofreció trabajo de jardinería en una finca de Sineu. «Me dijo que tenía que vivir allí si quería trabajar. Nos tenía que pagar 140 euros a la semana, pero no cumplía. Al final hacía lo que le daba la gana con nosotros. Nos pagaba con alimentos y nos decía que si teníamos pan, para qué queríamos el dinero».

«Condiciones lamentables»

El inspector de la Policía Nacional que llevó a cabo la investigación recordó que en la casa no había luz y que el agua la cogían de un pozo. «Vivían en condiciones lamentables. Cobraban entre 70 y 100 euros semanales, sin vacaciones, con un día libre y jornadas de 10 horas diarias».