Las acusaciones particulares (Europa Press, Diario de Mallorca, Efe, la Asociación de Medios de Información y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre) reclaman una inhabilitación de 42 años para Florit. Como el magistrado está ya jubilado esa condena no se ejecutaría. Además se le pide una indemnización de 30.000 euros para Mestre. La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman la absolución de Florit.
Florit ya ha llegado con tiempo al patio del edificio judicial, acompañado por su abogado, Josep Zaforteza, dos fiscales veteranos y la jueza decana, Sonia Vidal, que han acudido al juicio para apoyarle. Observa el patio del edificio judicial, repleto de periodistas, mientras fuma.
Minutos antes de las diez, han entrado a la sala, donde ya han comenzado con las cuestiones previas y han renunciado a una médico y al representante legal de la agencia EFE, que iban a declarar como testigos. En torno a las 10:15 horas, ha comenzado el turno de declaración de Florit, quien se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones particulares.
El juez ha respondido a las cuestiones planteadas por el fiscal jefe Bartomeu Barceló y le ha contado: «Se publicó en prensa un informe policial en un momento en que el escrito no lo conocía nadie. Ni siquiera yo mismo. Solo tenía información verbal del entonces jefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional». Los abogados tampoco conocían el contenido del informe, ha explicado Florit, quien decidió entonces «incoar unas diligencias por un presunto delito de revelación de secretos».
El presidente del TSJB, Antoni Terrasa y los magistrados Carlos Gómez y Pedro Barceló, tendrán que decidir si el juez cometió un delito dentro de una investigación por revelación de secretos. Para averiguar quién había difundido un informe sobre supuestos delitos fiscales, causa que fue finalmente archivada, se accedió al listado de llamadas telefónicas de tres periodistas.
Tras comprobar las comunicaciones entre dos de éstos y agentes del Grupo de Blanqueo, se ordenó incautar material informático. Ese auto, por el que se obtuvieron dos móviles y material informático en diciembre de 2018, fue dejado sin efecto por Florit tras la polémica. El avance de esa investigación por revelación de secretos llevó a la aparición de los wasaps y a la imputación de otro juez, Manuel Penalva.
El fiscal jefe Anticorrupción, testigo clave
El juicio está previsto que se celebre entero este jueves. Declararán como testigos, además de los dos periodistas denunciantes, los dos inspectores de la Policía Nacional que han investigado a Penalva y Subirán, el fiscal Juan Carrau, que llegó a estar imputado en esta causa y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que autorizó las medidas.
9 comentarios
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Todo mi apoyo, respeto y consideración al Juez Miguel Florit. Su valentía al afrontar una investigación para esclarecer la verdad NO es merecedora del calvario que le hacen pasar los que se burlaron del secreto de sumario.
Tal vez salgan cosas nuevas que no son de esto. Es posible que tuviera prisa por jubilarse o no tenía ganas de follones. Su fama de trabajador incansable le precede.
Para mi hizo lo correcto.
El que actúa como él lo hizo no tiene derecho a juzgar a otros que incumplen la ley.
Miquel, Mallorca està amb tu.
Ánimo Juez, es inconcebible que este profesional con toda una carrera intachable se vea abocado a este trance. Todo por buscar la verdad y desenmascarar a lis presuntos delincuentes Penalva, Subiran y Blanqueo. Que la verdad y la justicia se impongan y este hombre salga absuelto y se jubile con todos los honores
Ánimo, Sr. Florit. Y al tal Mestre y a la tal Pou, dónde dejasteis el código deontológico cuando publicabais noticias bajo secreto de sumario, a sabiendas de ello?
El juez Miquel Florit, un modelo de dedicación al Derecho y la Justicia, trabajador honesto, hoy sentado en el banquillo. Ver para creeer. Sort, Senyoria.
Nunca me lo había imaginado, un juez que busca la verdad y por ello acaba juzgado. Y eso que en la búsqueda de ésta, realizó el menor daño posible, puesto que bien podía haber optado por imputar a los periodistas y retener sus teléfonos y demás medios informáticos, y no habría pasado nada.