Los 13 arrestados en Francia son sospechosos de formar parte de una organización criminal que en los últimos meses alojaba y transportaba a decenas de inmigrantes procedentes del sureste asiático, especialmente de Vietnam, según señala la Fiscalía gala en una nota.
Los cuerpos de los 39 inmigrantes fueron descubiertos por los servicios de emergencia en un polígono industrial de la localidad de Grays, en el condado de Essex, el 23 de octubre del año pasado, poco después de que el contenedor llegara en ferri desde el puerto belga de Zeebrugge.
La operación que condujo a los arrestos, efectuada en la región parisina y en Bélgica este martes, contó con el apoyo de un equipo de investigación en el que participaron Francia, Bélgica, Irlanda y Reino Unido bajo la coordinación de Eurojust, la agencia europea de cooperación judicial, y con la ayuda de Europol, la oficina comunitaria de policía.
Las redes de inmigración que captaban y transportaban en Francia a la gran mayoría de los inmigrantes antes de su salida hacia el Reino Unido fueron identificadas el pasado noviembre.
La Fiscalía belga añadió en un comunicado que la operación policial en ese país incluyó 16 registros en distintos municipios de la zona de Bruselas.
De los 13 detenidos allí, de nacionalidad marroquí y vietnamita, hay cinco que han sido inculpados por tráfico agravado de seres humanos, pertenencia a organización criminal y de falsificación y uso de documentos falsos.
«Las detenciones constituyen una señal clara para los grupos de traficantes de seres humanos», agregó el Ministerio Público belga.
En total perecieron 31 hombres y 8 mujeres (entre ellos 10 adolescentes) procedentes de diferentes regiones de Vietnam. El suceso conmocionó al Reino Unido y reabrió el debate sobre los peligros que plantean las mafias que trafican con personas y la necesidad de reforzar el control de los puertos.
El conductor del camión frigorífico en el que fueron hallados los cadáveres, el norirlandés Maurice Robinson, se declaró culpable de homicidio involuntario el pasado 8 de abril en el tribunal penal de Old Bailey, en Londres.
Eurojust precisó este miércoles que las penas por este tipo de actos pueden ir de uno a 15 años de prisión y de 1.000 a 150.000 euros por víctima identificada.
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