Imputados en el caso ORA sostienen en el TSJIB que se sintieron presionados por Penalva y Subirán

Un total de 51 testigos, todos ellos propuestos por las acusaciones, están llamados a declarar entre este martes y el jueves, en la pieza que investiga al juez y el fiscal por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos, deslealtad profesional y detención ilegal.

Según han informado fuentes próximas al caso, ante el magistrado del TSJIB Carlos Gómez los testigos han ratificado las versiones que ofrecieron a la Policía, en una pieza que investiga la instrucción realizada por Penalva al frente de la macrocausa de corrupción policial en Palma y sus derivaciones.

Durante los interrogatorios, las defensas han combatido estas acusaciones centrando sus preguntas en si las declaraciones en el marco de ORA, el caso IME y las derivadas se hicieron con garantías. Entre otros argumentos, han hecho hincapié en que los imputados estuvieron asistidos por abogado y que firmaron la transcripción de sus declaraciones.
Las testificales han comenzado a las 09.30 horas. Los testigos son personas que fueron investigadas en el caso ORA (algunos fueron desimputados durante el procedimiento). Se trata de expresponsables del Ayuntamiento de Palma y empresarios.

El juez que asumió la instrucción del 'caso ORA', Antoni Garcías, decretó en enero el archivo provisional de la causa al considerar que no hay «suficiente prueba de cargo».
Entre los testigos que han comparecido este martes por la mañana figura el empresario Antoni Roig, que tiene pendiente el juicio por el caso IME: el día antes de declararse el estado de alarma por el COVID-19, se había fijado la vista para mayo. Roig ha denunciado en su declaración que fue detenido durante 80 horas y acusa a los investigadores de haber manipulado su declaración omitiendo partes de la misma. También ha acusado a un policía de Blanqueo y al juez de presionarle dándole a entender lo que tenía que decir.

Otros de los testigos citados este martes son dos exconcejales del Ayuntamiento de Palma en el mandato de Mateu Isern (PP), los antiguos responsables de Función Pública, Irene San Gil, y de Movilidad, Gabriel Vallejo. Ambos fueron detenidos en octubre de 2016 por presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación del concurso de la ORA. Los dos fueron exonerados posteriormente.

Irene San Gil ha sostenido que se sintió utilizada para incriminar a otras personas. Ha indicado que se le leyeron sus derechos y se le comunicaron los delitos que se le imputaban, aunque no fue informada de los hechos porque la causa estaba bajo secreto de sumario. Sin embargo, luego vio informaciones al respecto en prensa.

Gabriel Vallejo, por su parte, ha afirmado que se respetaron las garantías -lectura de derechos, asistencia de abogado, etc-, si bien ha referido un incidente entre el fiscal Subirán y abogados de la defensa de aquel momento.

Un total de nueve testigos han comparecido por la mañana y los interrogatorios continúan por la tarde con otras nueve personas relacionados con el caso ORA y el caso IME, muchos de ellos investigados.

El primero en comparecer por la tarde ha sido el letrado José Ramón Orta, que ejerció la defensa del exconcejal Álvaro Gijón hasta que decidió apartarse por incriminarle una testigo protegida -quien posteriormente también ha sido investigada- en el caso Cursach.
El abogado ha explicado cómo vivió la instrucción de la causa y ha mantenido que, en su opinión, la instrucción del caso fue «tendenciosa». Ha asegurado que pensaban que no se podían defender porque estaba «preconcebido» que eran culpables.

Orta ha indicado que decidió apartarse de la defensa del político porque creía que él mismo iba a ser detenido y eso podría generar incompatiblidades. Por eso, le recomendó que se buscara otro abogado, y asumió la dirección jurídica Alberto García Carpallo.
Otros testigos que han comparecido este martes son responsables de empresas relacionadas con la UTE de la ORA, funcionarios vinculados al concurso y el exgerente del IME entre 2011 y 2015, entre otros.

Asimismo, las testificales incluyen a un testigo protegido que participó en un programa de televisión -con la voz distorsionada- explicando detalles de la causa. Este testigo acusaba a Gijón de haberse repartido con el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, una comisión de un millón y medio de euros por el presunto amaño del contrato de la ORA.

De una serie de mensajes intervenidos entre juez, fiscal y agentes de Blanqueo se desprende que los investigadores sabían con antelación que la entrevista iba a difundirse. En este sentido, las acusaciones cuestionan que no intentaran impedir la emisión para evitar la difusión de datos declarados secretos.

Para evitar aglomeraciones, se han organizado las declaraciones de manera que sólo las defensas y la Fiscalía -dos fiscales Anticorrupción desplazados desde Madrid- estaban presentes en todas las diligencias.

En cambio, de las acusaciones sólo estaba presente el abogado que hubiera propuesto al testigo, dada la elevada cifra de letrados personados.