Según información oficial, la operación se inició al tener conocimiento de una organización criminal asentada en Maó e integrada por personas originarias de Guinea Ecuatorial, dedicada a la trata de mujeres y menores de edad para ser explotadas sexualmente. Una de las víctimas fue obligada al ejercicio de la prostitución y tras negarse, fue amenazada por la organización con ser devuelta a Guinea Ecuatorial, lo que motivó que intentara suicidarse.
La organización de origen guineano se dedicaba a captar y a aprovecharse de mujeres, especialmente niñas, que se encuentran en las más extremas situaciones de vulnerabilidad y necesidad. Estaba especializada en la financiación de los viajes de mujeres oriundas de su mismo país, para una vez las mismas llegaran a territorio europeo fueran sometidas al ejercicio coactivo de la prostitución.
A las víctimas les exigían el pago desproporcionadas de deudas de hasta 60.000 euros, contraídas con la organización, que a menudo aumentaban una vez en destino porque la red obligaba a las víctimas a pagar los costes de manutención, alojamiento, ropa y preservativos, e incluso estableciendo un sistema de multas por mal comportamiento o desobediencia a los integrantes de la red.
Miembros de la organización afincados en Guinea, cuando las víctimas se negaban a prostituirse o no generaban el dinero que correspondía, llegaban a vejar y azotar a sus familiares e hijos que viven en Guinea, consiguiendo de ese modo su propósito.
La organización captaba a las víctimas mediante otros miembros afincados en Guinea, los cuales les ofrecían venir a España y regularizar su situación administrativa mediante fraudulentas reagrupaciones familiares, conseguidas a través de partidas de nacimiento guineanas falsas, haciendo pasar a las víctimas como supuestas hijas de personas guineanas con residencia legal en España e incluso personas guineanas ya nacionalizadas españolas.
Las víctimas captadas, en su mayoría menores de edad, se encontraban en una situación económica muy precaria, en su mayoría huérfanas, y a su llegada a España eran informadas que debían pagar una deuda de cuantía elevada la cual deben pagar mediante el ejercicio de la prostitución, deuda que resulta imposible de pagar.
Tanto es así que una de las víctimas llegó a España siendo menor de edad con documentación falsa, siendo explotada durante más de 12 años, en los cuales se calcula que podría haber pagado a la organización una cuantía superior a los 100.000 euros.
Durante el operativo se han realizado 4 entradas y registros en Maó y Es Castell donde se ha procedido a la detención de 7 miembros de la organización por los delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, corrupción de menores y pertenencia a organización criminal, así como delitos conexos.
Se continúan gestiones tendentes a la identificación y localización de la parte de la organización que opera en Guinea para lo cual se mantienen contactos con las autoridades de dicho país.
La Policía Nacional dispone del teléfono 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es, atendidos por policías especializados durante las 24 horas del día, donde se puede facilitar cualquier información o denuncia relacionadas con el delito de trata de seres humano.
2 comentarios
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Merecemos extinguirnos, si no hubiera demanda, no habría ofertq
Pues que las extraditen a Guinea y las dejen en manos de los familiares de las víctimas.