El siniestro se remonta a mayo de 2017. Meses antes una empresa adquirió un edificio en la calle Ticià. La idea era convertir un local comercial en dos viviendas y asimismo reformar y restaurar el piso que ya había en la primera planta. Para ello se contrató a una constructora, cuyo socio único era uno de los procesados y también a un arquitecto, que tenía las funciones de proyectista y director de obra. El constructor daba las órdenes en los trabajos de la obra y estaba obligado a adoptar las medidas técnicas y materiales para tal fin además de evaluar los riesgos de los trabajos, específicamente el riesgo de derrumbe por el estado del edificio. El arquitecto por su parte tenía que garantizar la seguridad de los trabajadores, entre otras tareas.
El 17 de marzo, ambos cruzaron un correo electrónico en el que hablaban del deficiente estado de los forjados. Nadie tomó ni una sola medida al respecto. El 24 de mayo, el suelo de la primera planta se vino abajo como consecuencia del mal estado del citado forjado. Un trabajador se precipitó desde una altura de 3,3 metros, sufriendo diversas heridas de consideración en la mano y en la espalda. El accidente se produjo por la ausencia de cualquier previsión y adopción de medidas de los dos acusados, que este viernes reconocieron su culpabilidad en un juzgado de lo Penal de Palma.
Los imputados, defendidos por Llorenç Gomila y Mónica González, además de los seis meses de prisión tendrán que indemnizar al perjudicado en 9.000 euros. La pena de prisión quedó suspendida por un periodo de dos años siempre y cuando abonen la responsabilidad civil antes de dos semanas.
3 comentarios
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@Toni la responsabilitat civil no es posa a criteri del jutge, hi ha una baremació que en funció de les ferides, la recuperació i si hi queden mancances ets pèrits, judicials o de part si n'hi ha son els que valoren la indemnització.
Creo seguro que en el municipio de Palma sin ir más lejos, hay cantidad de edificios con las mismas características.