La mujer, junto a su abogado Javier Llop, en el juzgado. | Alejandro Sepúlveda

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La tarde del 23 de noviembre de 2019, una mujer de 66 años, exprofesora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), acudió junto a su prima y una amiga al domicilio de su madre y de su hermano, en la calle Josep Anselm Clavé de Palma, porque no respondían a sus llamadas. La mujer, según la versión de la Fiscalía, llamó insistentemente al timbre y aporreó la puerta de la casa, pero al no obtener respuesta decidió contratar a un cerrajero para que rompiera la cerradura. El trabajador comprobó que nadie abría ni respondía a las llamadas y procedió a taladrar la cerradura con un berbiquí. En ese momento, la madre de la exprofesora de la UIB, que tenía 90 años en aquellas fechas, y su hermano, desde dentro de la vivienda, preguntaron quién llamaba y abrieron la puerta.

La mujer, que llevaba dos maletas grandes, empezó a discutir con su madre, que le decía que no quería que entrara en la casa, pero finalmente accedió golpeando en la cara a su progenitora y tirándola al suelo. La agresora aprovechó que la víctima se encontraba en el suelo para, según el Ministerio Público, propinarle patadas en la espalda y en la cabeza. El hijo de la perjudicada intervino y las separó para evitar que su hermana siguiera agrediendo a su madre. Un vecino llamó a la policía y los agentes que se personaron en el domicilio encontraron a la anciana y a su hijo en el sofá del salón y a la acusada en una habitación. Los policías consiguieron que la agresora abandonara la vivienda. El 26 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma impuso a la mujer la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su madre.

La procesada, que será juzgada pronto, se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel por un delito de coacciones y una multa de 1.080 euros por otro leve de lesiones. La mujer deberá indemnizar a su madre con 200 euros. La causa, en un principio, se había tramitado por un delito de allanamiento de morada con jurado popular, pero finalmente la ha asumido un juzgado de lo Penal de Palma.