Un año y cuatro meses de cárcel para dos acusados de quedarse con dinero de un local y destrozarlo una vez desahuciado

Los hechos se remontan al 1 de junio de 2012, cuando la condenada, junto a otra persona, constituyó mediante escritura pública la sociedad limitada con un capital de 3.100 euros dividido en 100 participaciones, que se repartieron al 50 por ciento entre ambas. Como principal negocio figuraba la explotación de un restaurante de comida japonesa en Portocolom, para lo que suscribieron el mismo día, en calidad de administradoras, un contrato de arrendamiento del local, propiedad de dos de las víctimas.

Dicho establecimiento se entregó reformado y preparado para su explotación como restaurante, abriendo al público el 9 de junio del mismo año. Asimismo, la segunda administradora entregó a la condenada dinero para comprar materiales y muebles para el local y para los primeros pagos a los proveedores, cantidades que, según el fiscal, se quedaron los acusados, incorporándolas a su patrimonio. A partir del 8 de julio de 2012, el condenado, que actuaba como administrador y se encargaba de la gestión del restaurante, y la condenada apartaron por completo de la administración del negocio a una de las afectadas, cambiando la cerradura del local con la finalidad de que ésta no pudiera acceder al mismo. Para el cobro de los clientes del restaurante abrieron una cuenta cuyo único titular era el acusado, impidiendo de este modo que la víctima ejerciera sus facultades de administración.

Terminada la temporada y ante los impagos del alquiler del local, se procedió al desahucio de la sociedad, fijándose el lanzamiento el 18 de febrero. Los días previos, la pareja se hizo con todo el mobiliario del restaurante. Además, causaron diversos desperfectos en el mismo, tales como arrancar el cableado, inundar de agua el establecimiento, quitar los cristales y las puertas del aseo. Finalmente, ambos han sido condenados por los delitos de apropiación indebida, delito societario, hurto y daños a penas que suman uno año y cuatro meses de prisión --que han quedado suspendidas-- y multas que ascienden a los 1.920 euros, además de la responsabilidad civil.