En la segunda sesión del macrojuicio las defensas comenzaron a desplegar sus cuestiones previas: alegaciones en torno a la vulneración de derechos fundamentales que, según sostienen, deben llevar a anular todo el caso y a absolverles. Será él trámite en torno al que giren las próximas jornadas del juicio y no será rápido. Este martes apenas pudieron intervenir los abogados de Cursach y de Sbert y, el segundo solo tuvo tiempo para plantear tres de las siete alegaciones que tiene preparadas. En el juicio quedan 16 abogados defensores. Cuando termine este turno habrá un parón en las sesiones hasta que las magistradas del tribunal dicten un auto en el que decidirán si el juicio sigue o no.
Las alegaciones giran en torno a la figura de los dos jueces que llevaron la instrucción: Manuel Penalva y Miquel Florit y la recusación del primero en marzo de 2018 por pérdida de la apariencia de imparcialidad. El magistrado fue expulsado del procedimiento por la Audiencia cuando aparecieron sus mensajes con la madame, la testigo protegida 31, en los que tildaba de «hijos de puta» a los investigados. Precisamente, la ponente de esa resolución es ahora la magistrada que preside el juicio, Samantha Romero.
Para las defensas, esa recusación demuestra que el juez no era imparcial. «La vulneración del derecho a tener un juez absolutamente imparcial y un fiscal absolutamente imparcial en el procedimiento da lugar a una situación complicada en este momento», insistió Molina. La consecuencia, según manifiestan es que el juez que sucedió a Penalva, Miquel Florit, debió repetir todas las diligencias para garantizar ese derecho. Como no se hizo, consideran que todo debe ser anulado.
El abogado de Sbert, Antonio Martínez, sostiene que esa parcialidad implica una «nulidad radical por la contaminación de ese perjuicio arrastrado en todas las diligencias». Este letrado se centró en un episodio: la segunda declaración de Sbert ante Penalva. El supuesto ‘número dos de la trama' estaba en prisión. Al comenzar ese acto, Sbert se encaró a Penalva: «Le dijo que había sufrido presiones tras su detención, que tenía miedo y que había decidido no pagar la fianza porque le daba más miedo estar en la calle». En ese acto, Sbert anuncia la recusación de Penalva y no llega a prestar declaración. De esta forma, su abogado defensor explica que nunca llegó a ser interrogado por estos hechos y que, por lo tanto, no puede ser jugado por los mismos. «El clima ambiental era caótico y terrible y Florit fue víctima de los engaños de su entorno», señaló, para seguir con el caso.
El fiscal, Tomás Herranz, rechaza estos argumentos. Se refirió a la decisión del TSJIB de enviar a juicio a Penalva por prevaricación pero en torno al ‘caso ORA', no al ‘caso Cursach': «El juez (Penalva) y el fiscal (Miguel Ángel Subirán) están bajo sospecha, pero eso no quiere decir que todas sus actuaciones jurisdiccionales lo estén. Del mismo modo que a un ladrón no le podemos imputar todos los robos que ocurran».
Para el representante del Ministerio Público en la tramitación de esta causa existió una «deficiente técnica procesal» pero desmiente que se realizara «a espaldas de los acusados». «No se ha producido indefensión», señaló. Herranz también tuvo que defender de nuevo el escrito modificado que presentó la Fiscalía. La defensa de Cursach sostiene que se trata de una «retirada tácita de acusación» porque no detalla qué hechos concretos llevó a cabo el empresario. «El nombre de Bartolomé Cursach Más no aparece en toda el relato de hechos. Si no se hace referencia a ningún comportamiento, ¿de qué se me acusa?». Para la Fiscalía está claro: se le atribuye una orden policial para anular una sanción al establecimiento Don Quijote en 2007 y la presión a la discoteca Level para que cerrara, también hace más de quince años.
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Resumen de hoy. FIA 5 - Justicia 0. Y todo por culpa de una pésima instrucción.