Bartolomé Cursach en el cuarto día del juicio. | Alejandro Sepúlveda

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«Era la época del terror». Daniel Rodríguez Rincón, abogado del exjefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, sumó argumentos este jueves a la petición para que se anule todo el procedimiento por el uso de «intimidación» por parte del juez instructor y el fiscal del 'caso Cursach'. En la cuarta sesión del juicio comenzó el turno para los abogados de los agentes de la Policía Local acusados para plantear sus argumentos para intentar suspender la causa sin que se llegue a celebrar el juicio completo. Las cuestiones previas, con matices entre cada uno de los abogados, siguen unas líneas comunes: durante toda la instrucción se ocultaron datos esenciales, el expediente judicial es falso y no refleja la realidad de las diligencias que se llevaban a cabo y juez y fiscal estaban contaminados y usaron medios de presión que manchan todo el proceso.

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Rodríguez puso algunos ejemplos, como la toma de declaración hasta veinte veces de distintos testigos o investigados. «Uno de mis representados, declaró ocho veces. Se le dijo que si quería ver a su hija por Navidades ya sabía lo que tenía que hacer». También recordó otro episodio: el fiscal Subirán presentó una queja ante la Patrulla Verde por el ruido de un aire acondicionado. Según sostiene, comenzó a quejarse de forma reiterada, «compulsiva» de que los agentes no hacían nada. Fue antes de comenzar a investigarlos. Las tachas se extienden al «galimatías» procesal con el que se formó la pieza que lleva al juicio. La defensa del exjefe Joan Miquel Mut, ejercida por Jaime Campaner, reclamó al tribunal que no convalide «el Frankenstein que se ha planteado en la instrucción».

Mut y otros ocho policías encausados están en una situación común. Aparecen en un primer auto que los procesaba en 2018, pero no en un segundo, en el que no están, en 2019. Sus defensas creen que el que manda es el segundo y la Fiscalía sostiene que es un mero complemento del primero. El tema se complica por suspensiones de la tramitación y falta de la posibilidad de recurso. Otra alegación compartida por varias defensas está en que los policías locales no fueron interrogados en esta causa. Uno de los que lo manifestó fue el abogado Eduardo Morey, que representa a otro policía. «El señor Capó no debería estar sentado aquí porque no declaró», denuncia. Para la Fiscalía sí que declararon en la causa matriz y lo que llega a juicio es una pieza separada que, explicaron que no se llamó así porque el sistema informático no lo permitía. Sin embargo, el propio fiscal tuvo que entregar ayer las declaraciones de una serie de policías de forma correcta porque hasta ahora en el expediente solo constaban unas fotocopias. El juicio continúa el martes y sigue con más cuestiones previas. Van ya 23.

El apunte

El jefe Mut sale con un delito menos

Al que mejor le ha salido por ahora el trámite de cuestiones previas es al exjefe de policía Joan Miquel Mut. Tras las alegaciones de su abogado, Jaime Campaner, que planteó que la conducta por la que se le podía atribuir una omisión del deber de perseguir delitos era irrelevante, el fiscal aclaró que, en realidad no le acusaba de ese delito solo que no lo había tachado de su escrito. «Le pido perdón». Así las cosas, a Mut se le juzga solo por prevaricación por unos hechos ocurridos en los años 2017 y 2014.