Una funcionaria de Cort explica las irregularidades administrativas de Cursach

Admite que muchas de las multas que les ponían estaban justificadas por incumplimientos de seguridad dinámica. «El temas es por qué el Level y no otros sitios».

«Con una charla en 2012 esto se hubiera solucionado», dice el testigo. Niega haber reclamado dinero a Cursach o Sbert para apartarse de la causa. Reclama 950.000 euros en el juicio.

Achaca a una persecución de Cursach el cierre de Pachá en Son Caliú. Dice que no hubo noche en que la policía no fuera allí. Este establecimiento generó una enorme protesta vecina en la zona.

Ávila dice que, cuando trabajaba para Cursach le avisaban si estaban «los policías buenos o los malos». Asegura que recibió avisos de un agente de policía sobre inspecciones. También la responsabiliza a este de haberle acosado más tarde en el Level. El policía estuvo acusado pero falleció antes del juicio.

Vuelve a aprecer la madame. Ávila admite que fue él quien la puso en contacto con la Policía Nacional. Explica que ella le llamó porque tenía miedo porque «sabía muchas cosas del Grupo Cursach».

Ávila sostiene que tenía buena relación con Cursach y Sbert hasta que dejó de trabajar para ellos. Se incorporó a la discoteca Level y empezó a llevar autocares con turistas al establecimiento. Dice que le llamó entonces Sbert y que se amenazaron mutuamente. «A partir de ahí comenzó el calvario» y asegura que la policía comenzó a ir de forma constante. La Fiscalía le interroga por los problemas de licencia y de aforo que tenía el local.

Ahora arranca la declaración del empresario Ángel Ávila. Asegura que «tengo aprecio a Bartolomé Cursach». Sobre Sbert dice que su relación «puede calificarse de enemistad».

Otro agente de la Patrulla Verde comparece como testigo. Asegura que su declaración judicial fue manipulada y se retracta de ella. Había dicho que había preavisos y que se beneficiaba a algunos locales. Niega irregularidades.

El empresario afirma que, cuando él se fue, Acotur les puso una demanda por incumplimientos en Contecioso-Administrativo. Afirma que fue a ver al presidente de la asociación y este le dijo que hablaría con Bartolomé Sbert. También asegura que habló con Cursach sobre ese tema pero que no se lo retiraron. Los juzgados le anularon la licencia.

Declara un empresario, dueño durante años de la discoteca Level, que dejó en el año 2007 para volver en 2010. "Hasta 2007 fue denunciado como cualquier otro local, no hubo ningún hostigamiento. Fue a partir de ahí que yo me marche. Tolo me respetaba".

Aparece por primera vez en el juicio La madame del caso. La testigo la conoció porque era pareja de un amigo suyo. El abogado de Sbert intenta vincular esa relación con su amistad con la pareja de Penalva. La funcionaria afirma que rehuyó a la madame porque no le gustaba.

La funcionaria admite que tenía una realción de amistad con la pareja del juez Penalva y que acudió a cenas con el Grupo de Blanqueo, juez y fiscal.

La funcionaria explica que el Juzgado de Instrucción 12 ordenó una inspección de todos los locales de Cursach. Les citaron en la Policía Nacional, «no sabíamos dónde íbamos». Les llevaron primero a Pachá, luego a Tito's y Megapark. Se abrieron distintos expedientes por incumplimientos.

La funcionaria explica la licencia de Pachá, que fue provisional durante años. En 1984 cambió la normativa estatal y abrieron muchas discotecas de forma provisional. «Se tramitaba de otra manera». Niega que se agilizara la licencia cuando fue adquirida por Cursach, sino que explica que simplemente consiguieron licencia de instalación y eso hizo que todo fuera más rápido

La funcionaria responde que se trata a todas las empresas por igual. Niega que se informara al Grupo Cursach o que se le asesorara de forma diferente a cualquier otra persona.

La funcionaria explica que acudió a una inspección a Megapark en 2017, cuando fue detenido Cursach. Relata que se encontraron un «conjunto» ya formado entre Megapark y Don Quixote que tenían licencia para funcionar por separado, no como un único establecimiento.

La funcionaria explica sobre Megapark: "Tiene una licencia del 2004. Don Quixote la tiene de 2008, pero habían pedido una licencia de unificación. Entre tanto había salido el plan de la Platja de Palma que decía que toda la parecela era turística hotelera, excepto que hubiera establecimientos anteriores a 1999«. Esa licencia nueva es la que está paralizada y llevó a un precinto de las obras posteriores. El asunto está a la espera de una sentencia judicial. »Han pedido un nuevo título habilitante en el que empezaron obras sin permiso".

Declara una funcionara del Ajuntament de Palma. Colaboró en los informes del Grupo de Blanqueo, pero niega que viera las conclusiones. Le preguntan por certificados y denuncias a Cursach. Señala que fue a Megapark en 2017 para una inspección. «Me di cuenta de que había una solicitud de licencia de actividad y obras y, a mí me extrañó mucho pero no estaba resuelto». «Me di cuenta que la normativa urbanística de Platja de Palma la calificación de la zona de Megapark y Don Quixote la habían convertido en turística hotelera».

El policía afirma que el cierre de El Cavalli, el bar de 'El Ico' en Gomila fue muy rápido. «Lo atribuí a que era un local multirreincidente y había multitud de quejas de la asociación de vecinos de El Terreno».

Declara un agente de la Patrulla Verde. En instrucción habló de preavisos a locales y de que algunos compañeros «tenían novias» en ellas. Hoy se desdice. «Mi declaración estuvo muy condicionada, fue sugerida. No fui yo el que puso esos calificativos». Es uno más. Estos testigos afirman que tenían miedo a ingresar en prisión cuando eran citados en el Juzgado de Instrucción 12 y que el fiscal Subirán les introducía datos en la declaración.