El 'caso Cursach' se desmorona: Los motivos de la retirada de la Fiscalía

Una de las constantes durante las sesiones del juicio ha sido la de testigos que se retractan de lo que dijeron durante la instrucción. Una docena de ellos, policías locales, denunciaron presiones por parte del fiscal Subirán y que este guiaba lo que decían. En ellas abundan sospechas y alusiones a hechos que conocían de oídas. En el juicio, en la mayoría de casos, los testigos han negado esos datos, que sirvieron de base a la acusación. También que pudieran firmar sus declaraciones o que estas reflejaran de manera fiel lo que decían. «Eso yo no lo dije» o «era el fiscal el que decía lo que se tenía que apuntar» han sido constantes.

Uno de los grandes fiascos de la acusación fue la comparecencia de la inspectora del Grupo de Blanqueo. Durante dos días se cerró en banda. «No recuerdo» a cualquier pregunta sobre la investigación. La Fiscalía se quedó entonces sin poder introducir los informes que supuestamente demostrarían el trato de favor a Cursach. Lo intentó con otra testigo, una funcionaria municipal sin éxito. La puntilla llegó cuando otro policía del grupo admitió que un informe se hizo sin valorar el expediente municipal. Un elemento de cargo básico en cada juicio, como es la declaración de los policías que lo han investigado no ha existido aquí.

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Otro de los motivos que han dejado sin prueba al fiscal ha sido la inconcrección de los testigos a la hora de identificar qué policías locales les habían acosado. Apenas uno o dos han sido capaces de señalar a nadie en concreto. A esto se suman las dudas sobre las identificaciones que se llevaron a cabo durante la instrucción, muchas de las cuales no se habían registrado de forma correcta y no están en el expediente judicial. Otras se basaban en reconocimientos fotográficos muy poco fiables. Tampoco sirven como prueba para acreditar la participación de nadie en la trama. El único que ha sido señalado de forma reiterada por varios testigos ha sido un acusado que falleció hace dos años.

La acusación que presentó la Fiscalía se basaba en que una serie de bares habían sido perseguidos de forma injusta por ser competencia de Cursach. Durante la instrucción no se tuvieron en cuenta las sanciones y las denuncias vecinales contra estos establecimientos. En el juicio ha aflorado que todos los locales incumplían o tenían multitud de quejas. Hay ejemplos sangrantes como un local que operó como discoteca tres décadas sin licencia de bar siquiera.

Los actuales fiscales se han encontrado con en determinadas interpretaciones sesgadas que hacía la calificación original. Por ejemplo, se acusaba a Cursach de beneficiarse porque se ordenaba a policías locales estar delante de sus establecimientos. Sin embargo, cuando esos mismos agentes estaban en la puerta de otros establecimientos era un perjuicio porque espantaban a la clientela. También se han desmontado cuestiones como la supuesta orden para avisar a mandos dónde iba la Patrulla Verde. Según la calificación inicial era parte de la trama para avisar a estos locales. Resultó que era una instrucción del jefatura para saber donde estaban los policías después de que se produjeran incidentes.

Buena parte de las acusaciones se centraban en facciones muy enfrentadas, tanto dentro de la Policía Local como entre empresas, Cursach frente a Ávila o Bover. La instrucción ignoró elementos de descargo que se han hecho ahora evidentes en el juicio. También la animadversión entre testigos y las acusaciones cruzadas. También ha jugado en contra de la acusación la lejanía e inconcrección temporal de algunos hechos. Muchos de los episodios recogidos se refieren a hace más de dos décadas. La investigación en el TSJIB ya había sembrado dudas sobre algunos testigos, ahora investigados por mentir. Se preveía que afloraran hechos similares, pero nunca la magnitud del colapso de la acusación.