Los hechos se remontan al mes de septiembre de 2020. El procesado contactó a través de la aplicación Romeo, de citas gais, trans y bisexuales, con un adolescente de 15 años. Empezaron a hablar a través de la app y después chateaban por WhatsApp. El agente, a pesar de saber que el chico tenía 15 años, mantuvo conversaciones con él desde septiembre hasta diciembre. En esos mensajes acordaron una cita para tener relaciones a cambio de un iPhone. El primer encuentro, según la versión del Ministerio Fiscal, se produjo en fecha indeterminada de diciembre en la estación de tren de Inca.
Posteriormente, el guardia civil recogió al menor en un coche Mazda de color negro y se dirigió al Puig de Santa Magdalena, donde mantuvo relaciones sexuales con él y a cambio le entregó 80 euros. El encausado le dijo que si quería el teléfono tendrían que tener nuevos encuentros, a lo que el menor se negó. El agente, finalmente, le regaló el móvil el 11 de enero de 2021 y zanjaron los contactos. La víctima, tras haberse constatado la situación de desprotección en la que se encontraba, ingresó en un centro de menores el 10 de febrero de 2021. El guardia civil fue detenido a raíz de estos hechos en abril de ese año y el Juzgado de Instrucción número 3 de Inca le dejó en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. También le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.
La Policía Judicial de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, descubrió que el acusado habría abusado de otro menor. Según el relato de la Fiscalía, entre junio de 2020 y hasta abril de 2021, contactó a través de la misma aplicación con un adolescente de 17 años. El hombre sabía que la víctima padecía dislexia, TDAH y un 23 por ciento de discapacidad mental, indica la acusación pública, y aprovechó su condición de guardia civil para persuadirle y pedirle fotografías y vídeos íntimos. Durante los dos encuentros que mantuvieron, el agente le hizo fotografías y vídeos en actitudes sexuales.
La Policía Judicial de la Guardia Civil registró el domicilio del agente, situado en el cuartel de la Benemérita, y le intervino tres discos duros y un móvil Samsung S9. En los dispositivos electrónicos había 49.200 archivos pedófilos. En el teléfono, además, guardaba fotografías en las que aparecía uno de los menores desnudo. La Fiscalía reclamaba al inicio de proceso judicial una condena de 29 años y nueve meses de prisión para el hombre y que indemnizara a las víctimas con 30.000 euros a cada una. El abogado defensor del guardia civil, Diego Marín, ha alcanzado un acuerdo con la representante del Ministerio Público este miércoles en la Audiencia de Palma y ha rebajado su pena a nueve años y ocho meses de cárcel.
