El inspector de Blanqueo, José Luis García Reguera, Miguel Ángel Subirán y Manuel Penalva, a su llegada ayer al juicio. | ALEX SEPULVEDA

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«Intimidatorio», «las respuestas estaban escritas», «en la vida me había ocurrido algo como esto». Varios abogados que intervinieron en las declaraciones del ‘caso ORA' manifestaron ayer en el juicio al juez Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán el clima de tensión y de presiones constantes en el que se desarrollaban los interrogatorios. Todos los testigos coinciden en una línea similar: el entonces fiscal hacía aspavientos e intentaba condicionar las respuestas. Además, en los casos de dos funcionarios municipales había sobre la mesa una advertencia clara de ir a prisión si no se confesaba.

El letrado Juan Piña, que representaba al jefe de Mobilitat de Cort, Miguel Ángel Femenia explicó cómo fue interrogado este tras tres días en el calabozo: «No fue una diligencia de instrucción, fue una actuación dirigida a presionar al señor Femenia para que se autoinculpara o inculpara a otras personas». Cortó el interrogatorio al ver cómo se ignoraban las explicaciones de su cliente y no se consignaban respuestas que contradecían las tesis de los investigadores. «Yo protestaba por eso al juez, pero se encogía de hombros, ‘que colabore' y no hacía caso. Aquello fue una coacción absoluta», dijo. De hecho, al día siguiente fue a ver al fiscal jefe para denunciarle lo ocurrido aunque, con su representado en prisión intentaron suavizar el tono más tarde.

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Juan Sastre, abogado que ejerce la acusación particular en nombre de otro funcionario municipal, fue más allá. Acusó a Subirán de manipular el acta de la declaración e incluir afirmaciones que su cliente no había hecho. «Muchas respuestas luego eran tergiversadas por el ministerio público», dijo. Relató que antes de comenzar a declarar le habían advertido que, según lo que dijera su cliente, se iría a prisión. «Al final de la declaración, el fiscal dijo que iba a pasar a testigo».

Esa oferta de pasar de ser investigado a testigo la recibió otro de los imputados, en este caso uno de los responsables de las empresas que gestionaban la ORA. El abogado Llorenç Salvà, explicó que se les hizo esa oferta si colaboraban. Antonio Serra, que asistió a otro funcionario, relató que, en un momento dado el entonces imputado se quedó a solas en el despacho de Penalva con el juez y el fiscal. «Me dijo que le habían apretado y estaba asustado».

La declaración del interventor del Ajuntament de Palma fue mucho más positiva para los acusados. Abonó la existencia de indicios de irregularidad en el contrato de la ORA, algo que justificaría que se llevaran a cabo detenciones. En concreto se basa en los criterios para decidir la adjudicación, con los que discrepaba por no ser suficientemente objetivos, aunque matiza que la fórmula empleada era plenamente legal. «A raíz de los resultados de la valoración de las ofertas tuvimos sospechas de un posible amaño pero no lo puedo demostrar», dijo. A la vez admitió que todos los informes fueron favorables porque el proceso fue legal.

El apunte

Gijón renuncia a que declare Marga Prohens

Finalmente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, no tendrá que comparecer en el juicio. La acusación particular que ejerce el exdiputado popular Álvaro Gijón ha presentado un escrito en el que renuncia a su testifical. Hace lo mismo con otros antiguos cargos del PP como el expresidente de los populares en las Islas, Gabriel Company o la antigua portavoz municipal, Margalida Durán. Todos ellos tenían que aclarar cómo afectó a la carrera política de Gijón la imputación en el ‘caso ORA’ y el ‘caso Cursach’. Gijón pasó al grupo mixto. También la defensa del subinspector Miguel Ángel Blanco presentó un escrito de renuncia a una serie de testigos, si bien, en este caso, la mayoría son también de Fiscalía o de otras acusaciones particulares.