Abogados denuncian amenazas y presiones de Subirán y Penalva para forzar confesiones

El letrado Juan Piña, que representaba al jefe de Mobilitat de Cort, Miguel Ángel Femenia explicó cómo fue interrogado este tras tres días en el calabozo: «No fue una diligencia de instrucción, fue una actuación dirigida a presionar al señor Femenia para que se autoinculpara o inculpara a otras personas». Cortó el interrogatorio al ver cómo se ignoraban las explicaciones de su cliente y no se consignaban respuestas que contradecían las tesis de los investigadores. «Yo protestaba por eso al juez, pero se encogía de hombros, ‘que colabore' y no hacía caso. Aquello fue una coacción absoluta», dijo. De hecho, al día siguiente fue a ver al fiscal jefe para denunciarle lo ocurrido aunque, con su representado en prisión intentaron suavizar el tono más tarde.

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Penalva y Subirán dependen de los últimos testigos

Juan Sastre, abogado que ejerce la acusación particular en nombre de otro funcionario municipal, fue más allá. Acusó a Subirán de manipular el acta de la declaración e incluir afirmaciones que su cliente no había hecho. «Muchas respuestas luego eran tergiversadas por el ministerio público», dijo. Relató que antes de comenzar a declarar le habían advertido que, según lo que dijera su cliente, se iría a prisión. «Al final de la declaración, el fiscal dijo que iba a pasar a testigo».

Esa oferta de pasar de ser investigado a testigo la recibió otro de los imputados, en este caso uno de los responsables de las empresas que gestionaban la ORA. El abogado Llorenç Salvà, explicó que se les hizo esa oferta si colaboraban. Antonio Serra, que asistió a otro funcionario, relató que, en un momento dado el entonces imputado se quedó a solas en el despacho de Penalva con el juez y el fiscal. «Me dijo que le habían apretado y estaba asustado».

La declaración del interventor del Ajuntament de Palma fue mucho más positiva para los acusados. Abonó la existencia de indicios de irregularidad en el contrato de la ORA, algo que justificaría que se llevaran a cabo detenciones. En concreto se basa en los criterios para decidir la adjudicación, con los que discrepaba por no ser suficientemente objetivos, aunque matiza que la fórmula empleada era plenamente legal. «A raíz de los resultados de la valoración de las ofertas tuvimos sospechas de un posible amaño pero no lo puedo demostrar», dijo. A la vez admitió que todos los informes fueron favorables porque el proceso fue legal.