Así ha sido la nueva sesión del juicio a Penalva y Subirán

Termina la sesión de hoy del juicio. El tribunal ha reordenado los testigos para los próximos días. Esta semana termina la prueba personal.

El informe incluye una cantidad por el hecho de que Gijón no volvió a estar en política. El experto señala que, nunca el número dos de una lista se había quedado fuera luego en la siguiente convocatoria electoral.

La Abogacía del Estado discute el informe sobre los efectos en la reputación de Gijón y el posible coste.

La Abogacía del Estado interroga al perito si ha dividido las más de 500 noticias analizadas por cada una de las causas en las que estuvo imputado.

Sostiene que once millones de personas han accedido a contenidos que vinculan a Gijón con delitos.

El perito ha hecho un estudio de mercado sobre cómo afectó a la imagen de Álvaro Gijón su inclusión en las distintas causas instruidas por Penalva.

Declara ahora el perito que hizo un informe que cuantifica los daños sufridos por Álvaro Gijón y su familia en algo más de 1,5 millones de euros.

Insiste en que ella era encargada en el burdel y que la dueña se llamaba Alicia que falleció, la agenda era de la propietaria.

La testigo trabajó en el burdel del que habló la madame. Niega la autenticidad de la agenda que esta entregó. «No era esa». Además, señala que informó a Penalva y Subirán que la supuesta socia de la antigua testigo 31 ya había fallecido, un dato que desmontaba la versión de esta.

Dice que, cuando en su declaración comenzó a negar que hubiera fiestas de policías y drogas en Tito's fue amenazada con ir al calabozo.

Declara una antigua testigo protegida de la causa. Dice que no pidió la protección y que, directamente la policía le informó que estaba en un programa de testigos protegidos.

El tribunal hace un receso. Ha habido cambios en el orden de los testigos.

Barinaga interroga a Rosario Molina. Le pregunta por una sentencia de la Audiencia que reflejaba las tesis que entonces mantenían Penalva y Subirán. «El tribunal no sabía lo que ocurría». Habla de una declaración que la testigo afirma que fue orquestada por el testigo 29.

"Adrián, tras estar en prisión, hizo una declaración guiada por el testigo 29. «Le dijo a qué policías tenía que implicar». Luego estuvo nueve meses en prisión preventiva.

Rosario Molina señala que planteó dos quejas ante el CGPJ contra Penalva. A ellas, el magistrado respondió diciendo que era una abogada de la organización criminal.

Afirma que le impidieron entrar en un careo entre su cliente y el testigo 29. Obligó a que se repitiera y el 29 le acusó de haberle ofrecido dinero para cambiar su declaración. «A partir de ahí empezaron a decir que formaba parte de una organización criminal. Se utilizaba ese argumento para confirmar autos de prisión y para detener a gente. Estaba auto tras auto».

Afirma que entregó numerosa documentación para acreditar la inocencia del joven. «Desaparecía».

Rosario Molina, que representó a un ciudadano rumano acosado por el testigo protegido 29: "Les dije a mis compañeros de despacho que en cualquier momento podía ir a prisión y que, por favor, cuidaran de mi marido. Cabía la posibilidad de que me mandaran a prisión por lo que veía que sucedía en la causa. Me hacía temer como actuaban el juez, el fiscal y la policía de blanqueo. Hacían una persecución brutal hacia mi representado en ese momento y si intentaba acreditar que lo que decía el testigo protegido 29 era mentira, la actuación que hacían no era investigar lo que estaba ocurriendo."

El abogado dice que no recuerda ahora una frase que sí relató de Penalva durante la instrucción: «Voy armado y no tengo inconveniente en usarla».

Declara sobre la orden de alejamiento que impedía a Rodríguez acercarse al Ajuntament de Palma y sus dependencias. La Audiencia lo anuló porque no lo había pedido ninguno de los denunciantes. «Era una instrucción muy peculiar. Había mucha tensión en las declaraciones y no se corroboraban los hechos que denunciaban algunos testigos. Era un absurdo. Se daba plena credibilidad a algunos testigos y no se realizaba ninguna constatación de lo que decían. Estaba dirigida la instrucción».

Declara ahora José Manuel Madroñero, que representó a José María Rodríguez.

El abogado recuerda una declaración en la que Subirán, según dice, comenzó a dictar respuestas que no tenían que ver con lo que decían los testigos. Él y su compañero se marcharon en señal de protesta. «No denunciamos porque estábamos asustados».

Declara un abogado del despacho que asistió a dos rumanos acusados en falso por el testigo protegido 29. «Teníamos miedo de ir a prisión».