El juicio continuará el martes con las conclusiones de las partes y el informe de la Fiscalía. | ALEX SEPULVEDA

TW
7

La Fiscalía no afloja. Anticorrupción prevé mantener el núclo de la acusación contra el juez Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán y una petición de condenas que supera los cien años de cárcel. El Ministerio Público adelantó ayer un escrito a las partes para reflejar sus conclusiones definitivas, si bien no llegó a formalizarse el trámite y el propio fiscal, Tomás Herranz, explicó en la Sala, ante una protesta de las defensas, que ese escrito requiere algún tipo de explicación. En cualquier caso, el documento conserva la acusación más importante, el «carácter prospectivo y espúreo» del ‘caso ORA, según dijo ayer, lo que llevaría a que la docena de detenciones llevadas a cabo en el procedimiento sean nulas.

El escrito incluye algún retoque menor en las conclusiones provisionales al suprimir algún episodio de obstrucción a la Justicia, algo que también había avanzado durante las testificales. También le retiraría a Subirán una inducción al falso testimonio.

Noticias relacionadas

La del viernes fue la última sesión de prueba personal del juicio. Entre los testigos, declaró el exteniente de alcalde Andreu Alcover. Había sido llamado por la defensa de Penalva para que recordara una declaración que hizo ante el entonces instructor del ‘caso ORA' relativo a un contrato al que optaba el empresario Antoni Roig. Según Alcover, había un problema con la comisión técnica por una discrepancia entre los funcionarios en el contrato para el mantenimiento de la iluminación pública. En ese contexto, él era responsable de la mesa de contratación y, sostiene que el empresario se plantó en su despacho para hablar con él una tarde. «De esa conversación tuve la impresión de que si entraba en el juego, me pagaba la hipoteca», señaló. También manifestó que, como uno de los principales proveedores de servicios a Cort, el empresario se movía por ahí «como Pedro por su casa». Esa declaración de Alcover se produjo cuando Penalva ya mantenía en prisión preventiva al empresario. La defensa de Álvaro Gijón le hizo ver que su gobierno había realizado decenas de adjudicaciones a Roig tras ese episodio.

Más trascendente es la declaración del abogado de oficio que asistió al policía acusado Iván Bandera cuando este fue detenido y entregó su teléfono móvil. Las formas de ese arresto determinarán en buena medida si la intervención del terminal es válida y, con él el hallazgo de los wasap que incriminan a los seis acusados. El abogado señaló que, cuando llegó a jefatura le informaron de la detención y la entraga del móvil, que se reunió en privado con el policía y le preguntó por la entrega. «Me dijo: «Total, si no lo entrego lo van a conseguir con una orden judicial»», relató. También que el policía estaba muy abatido y que ya había facilitado las contraseñas cuando él llegó.