Sebastià Monserrat Tomàs tenía 76 años y la salud delicada. Era un septuagenario acaudalado, con fincas en Llucmajor, su pueblo natal, y en 2002 contrató a un asistente del hogar para que le cuidara. Según el trabajador, el pacto fue que le haría heredero de sus bienes a su fallecimiento. Poco antes de Navidad, el jubilado apareció salvajemente asesinado en su dormitorio de Pere Garau, en Palma, con el cuerpo cosido a puñaladas. Poco después fue detenido Manuel R.G., de 36 años, el hombre que lo cuidaba. Y que confesó el crimen alegando que había enloquecido «porque se me insinuó». Esta es la crónica de un crimen cometido hace casi veinte años y cuyos vecinos de la barriada aún recuerdan como si fuera hoy.
Los empleados de Pompas Fúnebres trasladaron el cuerpo al Anatómico Forense.
El anciano 'llumajorer' apenas tenía familia y el 14 de diciembre de 2002, sus allegados, cansados de llamar por teléfono a su casa y no obtener respuesta, pidieron ayuda. Una comisión judicial acudió al cuarto piso de la calle Pere Llobera y tras forzar la puerta de acceso se encontraron al jubilado, semi desnudo, muerto en la cama. Había sido acuchillado de forma repetida y la autopsia confirmó, al día siguiente, que ninguna de las puñaladas era mortal pero que había fallecido desangrado. Agonizó en la cama, sin que nadie le ayudara. Y estaba en avanzado estado de descomposición. El crimen se había perpetrado unas semanas antes y la investigación del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica se centró en dos aspectos: un registro minucioso de la casa e indagar en el entorno más próximo del fallecido.
Desde el primer momento, las pesquisas se centraron en el principal sospechoso: el cuidador del anciano. Manuel R.G. era un presidiario que había pasado 16 años en prisión por una oleada de robos con violencia y que en la cárcel también había agredido a otro recluso. Tenía una reputación de hombre violento, aunque no está claro que el anciano conociera estos detalles cuando lo contrató para que fuera su asistente. Manuel fue detenido por la Policía Nacional y acabó confesando el crimen. Según su relato, el mallorquín le ofreció hacerle heredero universal de sus numerosos bienes (que incluían fincas en Llucmajor) a cambio de que lo cuidara los años que le quedaban de vida.
Manuel R.G., tenía 36 años cuando fue detenido por el brutal crimen.
En la reconstrucción de los hechos, confesó que el crimen se produjo semanas antes, una noche en la que ambos salieron a cenar a un restaurante de la calle Manacor, en Palma. Bebieron en exceso y cuando regresaron al piso del anciano, en Pere Garau, se encontraban muy borrachos. Fue entonces, siempre según la versión del asesino, cuando el jubilado se le insinuó y le propuso mantener relaciones sexuales, algo que él rechazó violentamente. Luego, enloquecido porque supuestamente le había realizado tocamientos, se abalanzó sobre Sebastià y lo apuñaló en siete ocasiones, en el cuello, en las piernas y cerca de los genitales. La Policía Nacional, sin embargo, puso en duda esta versión y siempre sospechó que el expresidiario quería quedarse con todo el patrimonio del anciano y que el móvil fue económico. Por eso lo mató.
El asesino confeso, en el banquillo de los acusados, en el juicio con jurado popular celebrado en 2004 en la Audiencia de Palma.
Dos años después se sentó en el banquillo de los acusados. El jurado popular tuvo que determinar si el acusado era responsable de un delito de asesinato, por el que la fiscal solicitaba una pena de 17 años de prisión, o de homicidio, por el que el abogado defensor pedía una pena de 2 años y seis meses al considerar que existían suficientes atenuantes como para rebajar la condena. El letrado defensor sostenía que en el ataque no hubo premeditación, sino que se produjo como consecuencia de una riña, originada por unos tocamientos de la víctima a Manuel R.G.
Finalmente, el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad contra Manuel R.G. El jurado lo halló culpable de «haber dado intencionadamente muerte a Sebastià Tomàs Monserrat», de 76 años, y acordó que la víctima «se hallaba desprevenida» y tenía «debilitada su capacidad de reacción». Tras escuchar el veredicto del jurado, la fiscal pidió una condena de 15 años de cárcel para el acusado, mientras que la defensa solicitó una pena de siete años y medio de cárcel al aplicarle la atenuante de confesión y colaboración para aclarar los hechos. Poco después, se confirmó la sentencia de 15 años para Manuel R.G., el cuidador que intentó quedarse con todo el patrimonio del anciano que cuidaba.
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EL CASO ressuscita.