Jaume Marcó, jefe de la Policía Local de Calvià una década y luego responsable de las sanciones en el Ajuntament tildó de «salvaje» la lucha entre empresarios de la hostelería en Magaluf. Compareció en el juicio contra su sucesor en el cuerpo, José Antonio Navarro. Preguntado por las quejas de empresarios de sufrir persecuciones lo calificó un «tema recurrente»: «Todos dicen ser víctimas. Hay una competencia feroz entre ellos, casi utilizando cualquier medio». Negó que su sucesor pudiera o intentara siquiera influir en la tramitación de sanciones al grupo MCP, que le pagaba por llevar la asesoría laboral junto al jefe de Marratxí, Antonio Ledesma. Según Marcó el acusado «ni tenía capacidad, ni lo intentó». Esa influencia en los expedientes es el meollo de la acusación inicial de la Fiscalía por la que reclama seis años de cárcel para Navarro y Ledesma. Marcó explicó que el departamento de sanciones tenía medios insuficientes cuando llegó y que había expedientes que se dejaban sin tramitar. A su llegada, añadió, ordenó que se anotaran los motivos para dejar actas policiales sin trámite administrativo sancionador.
Sobre Ledesma, declaró que no confiaba en él y que por ese motivo le sustituyó de la unidad nocturna. Sin embargo, dijo que nunca se pudo constatar ningún comportamiento ilegal por su parte. También fue interrogado por un expediente que remitió a Fiscalía. Era una sanción a uno de los denunciantes en este caso y la envió al Ministerio Público después de recibir un escrito por parte de éstos en el que acusaban de falsedad a los agentes que hicieron el acta.
Un policía de Calvià negó que el cuerpo tratara de forma distinta a empresarios de la zona. Aclaró que, cuando en instrucción habló de un «trato no homogeneo» a establecimientos se refirió a lo que tardó el cierre cautelar de dos establecimientos que no tienen que ver con esta trama y que era una medida adoptada por los servicios municipales, no por los policías. Declaró que, como jefe, Navarro solo le ordenó llevar a cabo una inspección: en un operativo en Punta Ballena le dijo que hiciera una medición sonométrica en un local con terraza que tenía la música muy alta. Dijo también que sospechó que algunos empresarios estaban avisados antes de inspecciones pero, matizó, que no lo puede concretar más.
En la sesión de ayer también declararon los detectives privados contratados por uno de los empresarios denunciantes para intentar acreditar que no se multaba a tiqueteros ilegales de la competencia. También compareció el antiguo inspector al mando del Grupo de Blanqueo, que dejó la unidad en 2014. Señaló que Navarro y Ledesma solo tenían como clientes a MCP y que la facturación entre ambos era «extraña». Sí planteó la posiblidad de que existieran avisos de inspecciones en base a un correo electrónico que, sin embargo, no habla de la Policía Local sino de la Inspección de Trabajo.
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